La Resolución 137/2026 unifica más de veinte normas y actualiza el Programa Nacional de Moscas de la Fruta. La medida promete mayor competitividad y trazabilidad, pero plantea interrogantes sobre la pérdida de la capacidad de respuesta frente a escenarios locales.
Redacción EL ARGENTINO
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 137/2026, que actualiza de manera integral el Programa Nacional de Moscas de la Fruta (Procem).
La norma, que entrará en vigencia en 30 días hábiles, busca fortalecer la competitividad de las cadenas frutihortícolas mediante la consolidación normativa, la incorporación de conceptos internacionales y la implementación de registros electrónicos. Sin embargo, la decisión de abrogar más de veinte regulaciones previas abre un debate: ¿la simplificación administrativa garantiza eficacia o puede derivar en vacíos regulatorios frente a realidades productivas diversas?
Entre la modernización y la pérdida de detalle
La nueva normativa introduce cambios significativos:
- Consolidación normativa: elimina más de veinte disposiciones previas, reduciendo la complejidad administrativa.
- Revisión de áreas: redefine las condiciones fitosanitarias según la situación actual de la plaga.
- Nómina de hospedantes: actualiza el listado de productos vegetales sujetos a control.
- Lugares y Sitios de Producción Libres (LPL/SPL): incorpora estándares internacionales para reconocer áreas libres de la plaga.
- Gestión electrónica: impulsa registros digitales para mejorar trazabilidad y decisiones oportunas.
Si bien estas modificaciones alinean al país con prácticas globales y abren oportunidades de exportación, la unificación normativa puede implicar riesgos. La eliminación de regulaciones específicas podría invisibilizar particularidades regionales, donde la plaga presenta dinámicas distintas. Además, la transición hacia registros electrónicos exige infraestructura y capacitación que no siempre están disponibles en todos los territorios.
La crítica apunta a que la simplificación, aunque necesaria, debe acompañarse de mecanismos de seguimiento que eviten que la homogeneización normativa debilite la capacidad de respuesta local.