El Gobierno provincial formalizó la exoneración de Luisina Antonella Perpetto, exagente de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, luego de quedar firme una condena penal por un grave perjuicio a la administración pública. La medida fue dispuesta por decreto y significó la desvinculación definitiva de la exencargada del área de Recursos Humanos del organismo.

Según el decreto oficial, se dejó sin efecto la instrucción del sumario administrativo iniciado en agosto de este año y se resolvió avanzar directamente con la destitución por exoneración, al considerarse acreditados los extremos previstos por la normativa vigente. La decisión se adoptó en función de la sentencia judicial que declaró a Perpetto autora material y responsable del delito de daño agravado.

Los hechos que motivaron la causa ocurrieron entre el 27 y el 29 de agosto de 2022, en el Registro Civil de Federación. Durante ese período, la entonces agente, que se encontraba con licencia por enfermedad, ingresó de manera irregular al sistema informático oficial utilizando un perfil con permisos de administrador.

De acuerdo a lo consignado en el decreto, Perpetto realizó 3.426 modificaciones sobre datos de distintos empleados públicos y eliminó 37 registros vinculados a su propio legajo digital, asociados a diferentes códigos de licencias. Las maniobras provocaron un perjuicio directo sobre la situación administrativa de más de 300 trabajadores de toda la provincia.

La sentencia penal impuso a la exagente una pena de cuatro meses de prisión de ejecución condicional, al encuadrar su conducta en el delito de daño agravado previsto en el Código Penal. A partir de ese fallo, el Ejecutivo provincial consideró innecesario continuar con el trámite del sumario administrativo y aplicó directamente la sanción máxima prevista en el régimen del empleo público.

El decreto de exoneración fue refrendado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y dejó firme la expulsión de Perpetto de la administración pública provincial. La resolución destacó la gravedad institucional del hecho, al tratarse de un ataque directo a los sistemas administrativos oficiales y a la propiedad del Estado.

Con esta medida, el Gobierno dio por concluido un proceso que puso en evidencia falencias de control interno y el impacto que una acción individual puede generar sobre la estructura administrativa y los derechos laborales de cientos de empleados públicos.