En Entre Ríos, como en gran parte del país, el debate sobre los derechos de exportación (DEX), conocidos popularmente como “retenciones”, volvió a ocupar el centro de la escena agroindustrial. La Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCer) advierte sobre el impacto estructural de los derechos de exportación en la rentabilidad agrícola provincial. Un informe conjunto estima que los productores entrerrianos dejaron de percibir más de 7.000 millones de dólares en las últimas 15 campañas. Lo define como “un impuesto distorsivo” porque interfiere en la lógica económica del sector agroindustrial, generando desequilibrios que afectan especialmente a los pequeños y medianos productores.

La breve vigencia de la eliminación de este impuesto reactivó discusiones sobre su impacto en la competitividad, la inversión y el desarrollo territorial. En este contexto, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos se posiciona como actor clave en la generación de información técnica y en la defensa de los intereses productivos de la región.

Manuel Villagra, gerente de la entidad, dialogó con EL ARGENTINO sobre el alcance de las retenciones, sus efectos en los distintos cultivos y la necesidad de construir un horizonte de previsibilidad para el sector. “Seguramente, como a la mayoría del sector, la noticia nos tomó por sorpresa”, reconoció en relación a la eliminación temporal de las retenciones. Y agregó: “Desde la Bolsa entendemos que la eliminación de un impuesto distorsivo como las llamadas retenciones es el mejor camino para liberar el potencial productivo de la agroindustria argentina y de nuestra provincia”.

Villagra sostuvo que esta medida no solo favorece a los grandes exportadores, sino que tiene un efecto multiplicador en toda la cadena. “Cualquier quita de impuestos, y en este caso puntualmente las retenciones, favorecen a todo el sector productivo, independientemente de que sean pequeños, medianos o grandes. Eso después se traduce en más inversión, que conlleva a más producción, y con más producción se tracciona toda la cadena agroindustrial”, explicó.

Impacto de los DEX en distintos cultivos

Desde la Bolsa, el análisis técnico sobre el impacto de los DEX en los distintos cultivos es constante. En mayo de este año, la entidad publicó un estudio conjunto con el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) y la Facultad de Ciencias Económicas (FCECO) de la UNER. El informe estimó la pérdida de ingresos brutos de los productores agrícolas entrerrianos en virtud de los derechos de exportación, abarcando cuatro cultivos: soja, maíz, trigo y sorgo.

“El ingreso no percibido por los productores de nuestra provincia en función de los DEX se estimó en torno a los U$S 522 millones para la campaña 2023/24”, detalló Villagra a EL ARGENTINO. “Este monto se explica principalmente por el cultivo de la soja, que representa más del 70% del ingreso no percibido, seguido por el trigo y el maíz (entre 10% y 15% cada uno) y, marginalmente, el sorgo”.

Pero el impacto no es solo coyuntural. Al analizar la serie de las últimas 15 campañas, el estudio concluyó que los productores entrerrianos dejaron de percibir casi U$S 7.000 millones, es decir, cerca de U$S500 millones por campaña. “Hagamos un ejercicio y dimensionemos si efectivamente ese ingreso hubiera sido percibido por los productores y se hubiera efectivizado ese famoso ‘derrame’ que el sector genera en los pueblos y comunidades del interior del interior”, propuso Villagra.

La reflexión apunta a una visión de desarrollo territorial que trasciende lo económico. “Más inversión en tecnología para producir de manera sostenible y sustentable, más valor agregado, más inversión directa como la construcción de galpones de pollos, gallinas y cerdos que generen demanda y calidad de empleo. Sin lugar a dudas, esto en materia social generaría más arraigo en nuestros jóvenes en pueblos y ciudades del interior de la provincia”, sostuvo el gerente de .

La falta de coparticipación de los derechos de exportación

Otro aspecto clave que Villagra remarcó es la falta de coparticipación de los derechos de exportación. “Cuando se dice que los derechos de exportación no son coparticipables, significa que esos fondos que se generan por las exportaciones de productos agrícolas no son redistribuidos entre las provincias o diferentes jurisdicciones del país. En el caso de Entre Ríos, esto implica que los recursos permanecen en la Nación y no se distribuyen automáticamente a las provincias”, explicó.

Además, los DEX afectan los precios internos de los productos agrícolas. “Al tratarse de commodities, los precios internos están arbitrados por el precio internacional. Las ventas internas se comercializan al mismo valor que obtendría el productor si lo exportara, ya que de ser menos conveniente el precio para una u otra operación, simplemente se decidiría vender al otro mercado”, agregó.

El pequeño productor como eje del desarrollo en territorio

En un contexto de alta volatilidad económica y climática, el pequeño productor entrerriano enfrenta desafíos que se agravan con políticas fiscales regresivas. La falta de previsibilidad, la presión impositiva y la concentración del mercado limitan su capacidad de inversión y crecimiento. Como señaló Villagra, “con reglas de juego definidas, todos los actores de la cadena pueden ser más competitivos”.

La eliminación de las retenciones, aunque breve, abrió una ventana para repensar el modelo agroindustrial desde una perspectiva más equitativa y territorial. Sin embargo, con esta breve medida implementada por el gobierno nacional “los que hicieron la diferencia fueron los grandes exportadores y algunos acopios importantes”, afirmó un pequeño productor del departamento de Gualeguaychú a EL ARGENTINO.

A su vez, el pequeño productor expresó que la medida anunciada por el gobierno “no fue pensada para nosotros”, ya que, según explicó, “los granos ya fueron liquidados, la siembra está hecha y los insumos comprados”. En ese sentido, remarcó que “no podemos darnos el lujo de especular: vendemos cuando lo necesitamos, para cubrir los costos de insumos o pagar los arrendamientos”.

El desafío es construir políticas públicas para el interior productivo que reconozcan el rol estratégico del pequeño productor en la generación de empleo, arraigo y soberanía alimentaria. “Para nosotros re convertirnos es dejar de producir y arrendar los campos a las grandes empresas. Nosotros no tenemos ese margen de reconversión, y por eso necesitamos que implementen políticas para que los pequeños y medianos productores no desaparezcan”, concluyó el productor.