El abogado y docente Rubén Pagliotto cuestionó la reforma del juicio por jurados en Entre Ríos y calificó como “abiertamente inconstitucional” el artículo 2 de la Ley 11.222, que restringe su competencia. Según el especialista, la norma implica un retroceso en materia de derechos y vulnera el principio de progresividad, que impide reducir garantías ya conquistadas.

En recientes fallos, los jueces María Carolina Castagno y Alejandro Joel Cánepa declararon la inconstitucionalidad del artículo cuestionado. Ambos magistrados rechazaron los planteos del Ministerio Público Fiscal, que pretendía que causas por delitos sexuales fueran juzgados por tribunales técnicos. Argumentaron que, al haberse cumplido actos procesales bajo la vigencia de la Ley 10.746 —como la audiencia de remisión a juicio y el sorteo de jueces técnicos— correspondía mantener la competencia del jurado popular. Señalaron que retrotraer el proceso afectaría la defensa de los imputados y la seguridad jurídica.

Entre Ríos limita el juicio por jurados

Pagliotto subrayó que la reforma contradice el principio de progresividad de los derechos humanos, que obliga a los Estados a ampliar y no reducir su alcance. Recordó que otras provincias avanzan hacia una mayor participación ciudadana en la justicia, mientras Entre Ríos limita el juicio por jurados sólo a delitos con penas superiores a 20 años, dejando afuera la mayoría de los delitos contra la integridad sexual.

“Estamos retrocediendo impúdicamente, mientras en la Nación se proyecta ampliar la competencia a delitos con penas mayores a cinco años”, advirtió.

El jurista atribuyó la reforma a la presión de sectores contrarios al jurado popular y a la falta de conocimiento sobre su funcionamiento. Reivindicó que este sistema, vigente desde hace siglos en otros países, fortalece la democracia y la independencia judicial. “Los juristas seguiremos dando batalla, porque son los ciudadanos los protagonistas de esta herramienta maravillosa”, concluyó.

Fuente: APFDigital