Las políticas de transferencia de ingresos destinadas a la niñez y adolescencia se consolidaron como un anclaje fundamental contra la pobreza extrema en Argentina. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), sin estos programas la indigencia sería un 82% más alta, afectando a 2,6 millones de personas adicionales.

El análisis de las prestaciones —Asignación Universal por Hijo (AUH), Prestación Alimentar y Plan 1000 Días— confirma que el conjunto de ayudas actúa como un “piso de ingresos” que evita que los sectores vulnerables caigan por debajo de la línea de pobreza extrema.

El estudio también evaluó la evolución del poder de compra de cada beneficio frente a la inflación:

• AUH (Ganadora): recuperó su poder adquisitivo a fines de 2023 con un aumento inicial del 100%. Desde entonces, se mantiene estable gracias a la actualización mensual por Índice de Precios al Consumidor (IPC).
• Prestación Alimentar (Perdedora): muestra un deterioro sostenido, ya que depende de aumentos discrecionales y no de una fórmula automática, lo que la dejó rezagada frente al avance de los precios.
• Plan 1000 Días: tras un incremento nominal del 500% en 2024, logró sostener su valor real y robusto.

El informe destaca además la expansión del andamiaje social: en los últimos 15 años, la cantidad de beneficios otorgados pasó de 4,7 millones en 2009 a más de 7,4 millones en 2025. Esta política se consolidó con una inversión pública constante cercana al 1% del PBI.

Sin embargo, la OPC advierte que la ampliación de la cobertura responde más a la necesidad de contener a una población creciente en situación de vulnerabilidad que a la consolidación de un sistema universal. En ese sentido, subraya que el éxito de esta estrategia paliativa depende de la generación de crecimiento económico que reduzca la dependencia de la asistencia estatal.