Este lunes 16 de febrero se presentó ante la Cámara Criminal y Correccional Federal una denuncia penal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios, por presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción (OA), prevista en el Decreto 202/2017. La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano, agrupación política que se define como comprometida con la lucha anticorrupción.

La denuncia apunta a la contratación de Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro. El contrato, adjudicado el 19 de enero de 2026 mediante la Disposición 21/2026, ascendió a $114.044.133, con opción de prórroga, para la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal de Cancillería en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027.

Según el escrito, la propia disposición consignó que de la Declaración Jurada de Intereses surgió un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, lo que activó los procedimientos de integridad: comunicación a OA y SIGEN, sugerencia de un Pacto de Integridad y publicación de actuaciones en el sitio del ministerio. Sin embargo, los denunciantes sostienen que al consultar el buscador de “Casos informados a la OA” constataron que, al 15 de febrero de 2026, no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada, lo que afectaría un requisito clave de transparencia.

El escrito encuadra los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles (art. 265). Además, se menciona un antecedente de 2024 con “idénticos contratantes”, y se solicita verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada y si esta fue publicada en tiempo y forma.

La denuncia también cita la cobertura de medios como la Agencia Noticias Argentinas y Página 12, que dieron cuenta del caso. En respuesta, el canciller Pablo Quirno negó irregularidades, afirmó que Cancillería contrata a la AACI desde 2018 y aseguró que, por existir vínculo familiar, se activó el procedimiento de integridad con intervención de OA y SIGEN.

Con esta presentación, el tema ingresa en la órbita judicial y abre un nuevo capítulo en torno a la transparencia de las contrataciones estatales y el rol de los organismos de control.