El colectivo de prestadores en discapacidad de Entre Ríos inició este miércoles y jueves una medida de fuerza de 48 horas para visibilizar una crisis que, según denuncian, amenaza con el quiebre total del sistema. La falta de pagos de obras sociales como IOSPER, PAMI e Incluir Salud, sumada al congelamiento de aranceles desde 2024, ha dejado al sector sin capacidad de sostener sus servicios frente a la inflación.

Deudas y éxodo de profesionales

La presidenta de la asociación civil NEUROCEA, Amarú Méndez, señaló que la situación es terminal para muchas instituciones y profesionales independientes. Los prestadores denuncian que los pagos llegan con meses de retraso, mientras los costos de vida y mantenimiento aumentan. Esta asfixia financiera está provocando un éxodo de especialistas hacia la atención privada, dejando a miles de familias sin cobertura en el sistema de seguridad social.

La problemática se agrava en el interior de la provincia, donde las opciones de atención son limitadas y el sistema público no logra absorber la demanda de especialistas en neurología, psicología o fonoaudiología.

El cierre de centros de día

Uno de los puntos más críticos es el cierre inminente de centros de día, instituciones que brindan contención y terapias a personas con discapacidades severas. Los trabajadores advierten que los aranceles actuales no permiten sostener las estructuras básicas de funcionamiento.

Aunque existe una Ley de Emergencia en Discapacidad, las soluciones administrativas no se traducen en mejoras concretas para quienes prestan los servicios. El paro busca que el IPRODI y las autoridades provinciales intervengan de manera urgente para garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar que el ajuste recaiga sobre los derechos de las personas con discapacidad y la estabilidad laboral de sus terapeutas. Fuente: AHORA / Canal 9 Litoral