El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal resolvió de manera anticipada el juicio por la apropiación y retención ilegal de la hija del policía entrerriano Leonardo Fornerón. La sentencia, que se conoció este viernes, benefició a ex funcionarios judiciales, profesionales y a la madre biológica de la niña, quienes estaban acusados de haber avalado la entrega irregular de la menor a un matrimonio porteño en junio del año 2000.

Tras veinticinco años de dilaciones, sobreseimientos y reclamos internacionales, el proceso concluyó con la absolución de todos los imputados, aunque el tribunal dejó asentado un severo señalamiento por las irregularidades que rodearon la entrega y posterior adopción de la niña.

El tribunal entendió que no había responsabilidad penal vigente, pero reconoció la gravedad institucional del caso y la vulneración de derechos que motivó en 2012 la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado argentino según informó Ahora.

Una historia desgarradora

Fornerón tiene hoy 53 años y es policía. Vive en Rosario del Tala. Es padre de otros cinco hijos. Supo por terceros que su ex pareja Diana Elizabeth Enriquez estaba embarazada, aunque ella negó su paternidad. El 16 de junio de 2000 nació la niña en un sanatorio privado de Victoria, y al día siguiente fue entregada al matrimonio B. Z., con la intervención del defensor de Pobres y Menores suplente de Victoria, Julio Guaita, quien redactó un acta de guarda provisoria en abierta violación a la legislación vigente.

Fornerón fue excluido del proceso judicial desde el inicio, pese a haber reconocido su paternidad y reclamado insistentemente por su hija. Ante la falta de respuestas en la justicia argentina, llevó su denuncia al Sistema Interamericano, que en 2012 concluyó que el Estado argentino había violado sus derechos y los de la niña.

El caso que tuvo como imputados a la madre biológica y al matrimonio adoptante, apunta también por la responsabilidad que tuvo el abogado Salvador Espona; dos hombres que hicieron de intermediarios entre las partes, Paul Reynoso y Ariel Barreto, que proveyeron recursos a la madre biológica; al defensor oficial Marcelo Balbi; el juez civil de Victoria, Raúl del Valle; y a la psicóloga Daniela Kairúz, quienes, según el Ministerio Público Fiscal, legitimaron un proceso sin sustento legal que vulneró el derecho de Fornerón a ejercer la paternidad.

El defensor de Pobres y Menores suplente de Victoria, Julio Guaita, fue otro de los señalados, por ser quien redactó el acta de entrega en guarda provisoria de la niña, aunque su imputación pereció ante su fallecimiento.

Todos fueron absueltos, aunque el tribunal reconoció que la adopción se concretó en un marco irregular y sin perspectiva de derechos, consolidando la separación entre padre e hija.

El fallo, aunque absolutorio, incluyó un recordatorio sobre las deudas de la justicia argentina en materia de adopciones y derechos familiares. El tribunal señaló que el caso expuso cómo las instituciones pueden reproducir prejuicios y desigualdades estructurales, naturalizando prácticas que vulneran la identidad y la vida familiar.

Una lucha de 25 años

Fornerón apenas pudo ver a su hija en dos ocasiones —2005 y 2012—, la última por mandato de un tribunal internacional. La CIDH había advertido que el Estado argentino “naturalizó la dilación judicial como estrategia”, consolidando la separación entre padre e hija. Con la absolución, se cierra un capítulo judicial, pero persiste la marca de un proceso que dejó al descubierto las falencias estructurales del sistema.

Los abogados Margarita Nicoliche y Diego Dousdebes como querellantes en representación de Fornerón todavía pueden recurrir en Casación para tratar de revertir la sentencia.