Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) expresaron su rechazo al anuncio del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la transferencia de sus funciones al Ministerio de Salud. Si bien reconocieron que el Estado puede reorganizar sus estructuras, señalaron que este tipo de decisiones deben comunicarse con mayor claridad, transparencia y en concordancia con la legislación nacional e internacional vigente en materia de discapacidad.

Según manifestaron, el modo en que se dio a conocer la medida, a un día de finalizar el año, generó conmoción e incertidumbre en la comunidad. En ese sentido, advirtieron sobre la preocupación que implica que la discapacidad quede reducida a una única área del Estado, cuando las personas con discapacidad requieren políticas integrales que aborden educación, trabajo, vivienda, accesibilidad, participación comunitaria y salud.

ASDRA recordó que este enfoque integral responde al modelo social y de derechos humanos asumido por la Argentina al adherir en 2008 a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese marco, consideraron especialmente grave retroceder hacia un enfoque médico de la discapacidad, del cual costó décadas salir.

Desde la organización señalaron que volver a concebir la discapacidad únicamente desde la salud desconoce a las personas como sujetos de derechos y debilita la responsabilidad del Estado de garantizar apoyos integrales para la plena inclusión. Asimismo, indicaron que quitar a la discapacidad de un ámbito de articulación transversal implica un retroceso que luego se traduce en políticas concretas insuficientes o directamente en su ausencia.

Por estos motivos, desde ASDRA manifestaron el malestar de la comunidad y reiteraron la necesidad de políticas públicas integrales, sostenidas y basadas en derechos.

Finalmente, advirtieron que la medida se da en un contexto de mensajes públicos que instalan confusión y sospecha al asociar la existencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) con supuestos abusos. En ese sentido, aclararon que el CUD no implica el cobro de dinero, sino el acceso a prestaciones y apoyos, y que la confusión con las pensiones, que solo percibe un porcentaje mínimo de quienes cuentan con CUD, estigmatiza injustamente a las personas con discapacidad y a sus familias.