A dos años del inicio del conflicto en la planta de Fademi en Larroque, representantes del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas volvieron a denunciar incumplimientos judiciales y señalaron problemas de seguridad laboral y posibles consecuencias ambientales.

El abogado del gremio, Andrés Ocampo, recordó que el conflicto comenzó en mayo de 2024 por reclamos vinculados a las condiciones de higiene y seguridad en la fábrica de baterías. Según explicó, los trabajadores advirtieron sobre riesgos derivados de la manipulación de productos químicos y la empresa respondió con sanciones, suspensiones y despidos.

Ocampo subrayó que existe un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, emitido en enero de 2025, que ordenó reincorporar a 25 empleados despedidos. Sin embargo, la resolución aún no fue cumplida, lo que genera salarios adeudados, multas diarias y nuevos reclamos judiciales. “Ya hay trabajadores que iniciaron acciones por despido y otros continúan esperando su reincorporación. Todo esto genera una deuda cada vez más difícil de afrontar”, sostuvo.

El sindicato también pidió una audiencia al Concejo Deliberante de Larroque para exponer la situación, aunque aún no recibió respuesta. Ocampo advirtió que el conflicto trasciende lo laboral y mencionó estudios sobre plomo en sangre en trabajadores, además de investigaciones sobre posibles efectos en animales de la zona.

El prosecretario Martín Gómez agregó que en febrero presentaron una denuncia ante la Secretaría de Trabajo para exigir inspecciones en la planta, pero hasta ahora no obtuvieron resultados. “Queremos saber si se cumplen las normas de higiene y seguridad y si los trabajadores cuentan con los elementos de protección adecuados”, señaló.

Actualmente, 34 empleados sostienen un acampe frente a la empresa. El delegado Ignacio Gervasoni explicó que la permanencia se mantiene gracias a aportes solidarios y asistencia del sindicato. El prolongado conflicto, dijo, afecta tanto la economía como el estado emocional de los trabajadores y sus familias.

Los representantes gremiales anticiparon que continuarán impulsando acciones judiciales para reclamar salarios, indemnizaciones y el cumplimiento de las resoluciones ya dictadas. También reiteraron su disposición a retomar el diálogo: “Siempre estuvimos abiertos a conversar y encontrar una solución que permita recuperar los puestos de trabajo y normalizar la actividad”.