“No fue el mar el que los hundió”: la querella pidió la pena máxima para los cuatro acusados

El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan ingresó en una etapa clave con el inicio de los alegatos de las querellas. Este martes, en la audiencia número 30 del proceso, las abogadas Lorena Arias y Valeria Carreras expusieron durante más de tres horas ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz y solicitaron la pena máxima prevista para los cuatro acusados: cinco años de prisión de efectivo cumplimiento, diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y costas.

Los imputados son el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo, entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; el ex capitán de navío Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío (RE) Héctor Alonso, jefe del Estado Mayor de ese comando; y el capitán de fragata (RE) Hugo Correa, jefe de Operaciones. Según la querella, todos ellos integraban la cadena de mando que permitió que el buque siguiera operativo pese a las advertencias técnicas acumuladas.

“El ARA San Juan no se perdió por un único evento súbito, aislado o imprevisible. Fue un proceso progresivo de degradación de material, flexibilización de controles y normalización institucional del riesgo. Ese proceso está documentado y el COFS lo sabía”, sostuvo Arias. La abogada recordó que el submarino llevaba 44 meses sin ingresar a dique seco y que el comandante Pedro Martín Fernández había solicitado formalmente esa reparación en marzo de 2017.

La frase más contundente de la jornada sintetizó la postura de la querella: “No fue el mar el que los hundió, fue la distancia entre lo que los reglamentos exigían y lo que efectivamente se hizo”. Para las representantes de los familiares, el hundimiento del 15 de noviembre de 2017 fue consecuencia de decisiones institucionales que ignoraron los riesgos conocidos.

Carreras, por su parte, subrayó que el reclamo no busca venganza sino justicia. “Estamos aquí por tripulantes, compatriotas, que perdieron la vida no por el riesgo inherente a su trabajo, sino por los actos y omisiones de los cuatro imputados. No nos mueve el capricho ni ideas alocadas. Tenemos precedentes para hacer la acusación que hacemos”, afirmó.

La discusión sobre la operatividad del submarino ocupó buena parte de la audiencia. Mientras las defensas sostienen que el ARA San Juan estaba apto para navegar y cumplir la misión encomendada, la querella insistió en que las condiciones técnicas no permitían realizar un patrullaje prolongado en la zona asignada. “El submarino podía navegar y hacer tareas de adiestramiento, pero no patrullar en la milla 200 con esas condiciones meteorológicas y de profundidad. Sin embargo fue enviado allí”, señaló Carreras.

La abogada también cuestionó la idea de que toda la responsabilidad recaía en el comandante Fernández. “La responsabilidad de quien tiene la posición de garante no se transfiere por la existencia de otro garante. Los deberes del comandante no suspenden los deberes del COFS”, explicó. En ese sentido, evocó antecedentes como la tragedia de Once y el juicio a las juntas militares, donde se concluyó que omitir funciones de supervisión equivale a crear las condiciones del desastre.

Otro eje del alegato fue la navegación de julio de 2017, considerada un antecedente directo de la tragedia. Durante esa patrulla, Fernández informó un ingreso de agua de mar al sistema de ventilación que afectó el tanque de baterías de proa, el mismo sector donde meses después se reportaría el cortocircuito y principio de incendio. “La navegación de julio fue anticipatoria. El submarino dijo y escribió su propia historia. Los acusados firmaron el capítulo final”, expresó Carreras.

El alegato cerró con un pedido de justicia en nombre de los familiares. “Si a ellos no los cuidaron, si a las familias no les dijeron la verdad, está en nosotros la responsabilidad de representar lo mejor posible los derechos de los que no están”, concluyó.

La querella encuadró los hechos en tres figuras penales: abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de personas. Sobre esta última figura fundamentó el pedido de cinco años de prisión, al considerar que los acusados conocían el riesgo concreto y continuaron la conducta sin adoptar medidas para neutralizarlo.

El juicio continuará con el alegato de la querella encabezada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos, en un proceso que busca establecer responsabilidades y dar una respuesta judicial a una tragedia que marcó a la sociedad argentina.