El recorte en el programa Vivir Mejor dejó a 2,2 millones de jubilados sin acceso automático al 100% de sus remedios. La Defensoría de la Tercera Edad advierte que el costo mensual supera la jubilación mínima y denuncia incumplimiento de cautelares judiciales contra el organismo.
Redacción EL ARGENTINO
La situación de los jubilados afiliados al PAMI se agravó en los últimos meses: más de 2,2 millones de personas quedaron fuera de la cobertura total de medicamentos, según reconoció el propio Gobierno en un informe al Congreso. El cambio implica que quienes antes accedían automáticamente al 100% de sus remedios ahora dependen de subsidios sociales o trámites de excepción, lo que en la práctica deja a miles sin posibilidad de continuar sus tratamientos.
Jubilados entre el ajuste y la falta de cobertura
El Gobierno justificó la medida en nombre de la “sostenibilidad del sistema”, amparándose en una resolución aprobada en febrero de 2026. Sin embargo, esa resolución responde a un solo caso judicial y no al conjunto de demandas que obligan al PAMI a restituir la cobertura plena. De hecho, una cautelar dictada en octubre de 2025 extendió el beneficio a todos los afiliados del país, pero sigue sin cumplirse y acumula multas diarias contra funcionarios.
Mientras tanto, quienes tienen recursos inician reclamos judiciales individuales. Estudios privados ofrecen servicios de amparos, y la cantidad de demandas contra obras sociales y el PAMI creció considerablemente en los últimos dos años. Los reclamos más frecuentes son por internación geriátrica y falta de cobertura en medicación, cirugías o tratamientos.
El Gobierno sostiene que los jubilados reciben descuentos de entre el 50% y el 80%, y que para el 66,4% el gasto en medicamentos representa menos del 5% de sus ingresos. Sin embargo, la Defensoría de la Tercera Edad calcula que el costo real equivale al 27,5% de la canasta, unos $500 mil mensuales, cifra superior a la jubilación mínima con bono incluido. Ese bono, congelado en $70 mil, perdió casi el 50% de su valor real entre abril de 2024 y abril de 2026, según la UCA.
La falta de respuesta oficial agrava el panorama. Perfil consultó a fuentes del PAMI sobre el cumplimiento de las cautelares, pero hasta el cierre de la nota no obtuvo contestación. Mientras tanto, miles de jubilados enfrentan la disyuntiva de endeudarse para comprar medicamentos o abandonar tratamientos esenciales.
Fuente: Perfil