Las federaciones nacionales de trabajadores docentes y nodocentes confirmaron un plan de lucha con paros y protestas que se extenderán durante cuatro semanas en todas las universidades nacionales, reclamando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Domingo, 24 de Mayo de 2026,
15:00
Redacción EL ARGENTINO
La universidad pública argentina atraviesa un momento crítico. Tras la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, los gremios docentes y nodocentes resolvieron profundizar las medidas de fuerza ante la falta de respuestas del Gobierno. La decisión impactará de lleno en el dictado de clases, mesas de exámenes y actividades administrativas en las más de 60 universidades nacionales distribuidas en todo el país.
Los docentes universitarios, organizados en las federaciones nacionales y acompañados por asociaciones locales, anunciaron un paro de cinco días consecutivos entre el 26 y el 30 de mayo. La medida busca visibilizar el deterioro salarial y exigir la apertura de paritarias que permitan recomponer ingresos frente a la inflación.
Por su parte, los trabajadores nodocentes, nucleados en la Fatun y en sus gremios de base, resolvieron en reunión de consejo directivo un plan de acción que incluye cuatro semanas de protesta y tres jornadas de paro nacional: el 29 de mayo, 3 y 4 de junio. La decisión fue tomada de manera unánime por representantes de 56 asociaciones adheridas, quienes remarcaron la necesidad de fortalecer la unidad y la solidaridad en defensa de la universidad pública.
La huelga nodocente afectará tareas esenciales para el funcionamiento de las instituciones: limpieza, apertura de sedes, servicios administrativos y soporte técnico. Esto significa que en los días de paro no habrá condiciones para el dictado de clases ni para la realización de trámites académicos, impactando tanto en estudiantes como en docentes.
La unidad de los gremios docentes y nodocentes marca un punto de inflexión en el conflicto. La coincidencia de medidas en semanas consecutivas generará un escenario de paralización casi total en las universidades nacionales, en un momento clave del calendario académico con exámenes parciales y finales en curso.
Los reclamos centrales apuntan a:
- La implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que hoy se encuentra incumplida.
- La apertura de paritarias para discutir salarios y condiciones laborales.
- La urgente recomposición salarial frente a la pérdida del poder adquisitivo.
- La defensa de la universidad pública como derecho y motor de desarrollo federal.
La protesta se inscribe en un contexto de creciente malestar en el sistema educativo y científico nacional, donde la falta de recursos amenaza la continuidad de proyectos de investigación, becas estudiantiles y programas de extensión.
Con estas medidas, la comunidad universitaria busca enviar un mensaje claro: sin financiamiento, salarios dignos y condiciones de trabajo adecuadas, la universidad pública no puede sostener su rol de inclusión, producción de conocimiento y movilidad social.
El calendario de huelgas ya está definido y anticipa semanas de alta conflictividad. La expectativa está puesta en que el Gobierno convoque a una mesa de diálogo que permita destrabar el conflicto y garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.
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