Desde Gualeguaychú se ordenaron 24 allanamientos en todo el país por cigarrillos truchos

Las medidas fueron ordenadas por el juez Federal, Hernán Viri, por requerimiento del fiscal federal Pedro Rebollo, y ejecutadas por personal de Prefectura Naval Argentina. En total, se llevaron adelante 24 allanamientos simultáneos en distintas provincias del país, en el marco de una investigación que se viene desarrollando desde hace más de un año y medio.

Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en San Juan, San Luis, Mendoza, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Entre Ríos, específicamente en las ciudades de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Villa Paranacito.

Según se informó a EL ARGENTINO, la organización tenía carácter internacional y operaba también en Paraguay, Chile y Brasil. En el expediente se investigan delitos de infracción marcaria, contrabando, falsificación, trata de personas con fines de explotación laboral, adulteración de certificados, evasión tributaria, lavado de dinero y asociación ilícita.

Como resultado de los allanamientos, se logró el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados a la actividad ilícita, entre ellos miles de atados de cigarrillos, sumas millonarias de dinero en efectivo, teléfonos celulares, vehículos 0 kilómetro y de alta gama, máquinas contadoras de billetes y abundante documentación.

Uno de los puntos clave del operativo fue el hallazgo del lugar donde funcionaba la fábrica clandestina, que fue inmediatamente clausurada. Allí se incautó, entre otras maquinarias, un equipo industrial tipo “MK8”, utilizado para la producción masiva de cigarrillos falsificados, con una capacidad estimada de hasta 80 mil paquetes diarios.

De acuerdo a fuentes de la investigación, la magnitud del procedimiento no tiene antecedentes recientes, al punto que señalaron que hacía más de 15 años no se desarrollaba en el país un operativo de estas características.

En términos económicos, se estimó que la actividad de esta organización generaba ganancias multimillonarias y que, con su desarticulación, se evitó que las empresas afectadas dejaran de comercializar más de 26 millones de atados por año. Solo en relación a una de las marcas falsificadas, el volumen de ingresos ilícitos de la banda rondaría los 46.400 millones de pesos anuales.

La causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.