El trabajo realizado por el fiscal Lucas Pascual y del personal de Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú, permitió terminar con una red de delincuentes en Buenos Aires que afectó a vecinos de Gualeguaychú, que cayeron en amenazas y extorsiones.
Por Carlos Riera
Todo comenzó el año pasado. El 30 de septiembre de 2025 se inició una investigación que tenía como víctima a un hombre de Gualeguaychú. Esta persona recibía llamados telefónicos desde diferentes números, donde haciéndose pasar por personal policial y luego por un supuesto Juez, le manifestaban que estaba siendo investigado por un delito.
Se trataba de un claro caso de extorsión y amenazas porque le manifestaban que conocían a su círculo familiar y que sería detenido y trasladado a Buenos Aires. Le exigían sumas de dinero para que no avanzara la investigación en su contra y ante el miedo que le generó la situación, llegó a transferirles dinero a diferentes cuentas, que le iban indicando.
EL ARGENTINO publicó el 10 de octubre sobre la detención de dos hermanos que se había producido en un parador en Ceibas, que tenía a una persona de Gualeguaychú como afectada. El sujeto de 37 años y su hermana de 32, oriundos de San Isidro, habían llegado hasta el lugar para recibir el pago de una extorsión.
El caso ya había sido denunciado por la víctima, que puso en conocimiento a las autoridades de que estaba siendo extorsionado. En este caso, los extorsionadores simulaban ser funcionarios judiciales e inventaban una causa en la que la víctima era el involucrado, y para evitar que esa causa prosperara o se revelara información sensible para la víctima, le exigían el pago de un monto de dinero.
Desde la Justicia de Gualeguaychú se le dio participación a la Prefectura para que realizara la investigación, el seguimiento y la detención que se concretó a principios de octubre. Los funcionarios esperaron el arribo de los extorsionadores cuando se estaba por producir la transacción, y fueron aprehendidos.
Esas detenciones permitieron avanzar en lo que era una red más amplia de extorsionadores. Esos hermanos quedaron con prisión preventiva y luego recuperaron la libertad tras una conciliación y un acuerdo económico con la víctima. Se estableció que eran partícipes en la organización, pero no estaban involucrados directamente en la maniobra extorsiva. Fueron quienes venían a cobrar. Pero aportaron información valiosa que sirvió para lo que el fiscal Lucas Pascual pudo culminar esta semana.
Pascual comenzó a investigar las líneas telefónicas de donde realizaban los llamados, con la intervención de la División Cibercrimen, y también las cuentas bancarias donde fue depositado el dinero. Fue así que se pudo determinar que una de las personas que recibió dinero era alguien que se encontraba alojado en la Unidad Penal 21 de Campana. Este preso cumplía una condena por un homicidio agravado en grado de tentativa, y su compañero de celda también estaba involucrado en los llamados extorsivos.
Durante los seis meses que duró la investigación, se reunió información que fue clave para requerirle al juez de Garantías de Gualeguaychú, Ignacio Telenta, la detención de cuatro personas -además de los dos que ya se encontraban en el penal de Campana - y que librara la orden de allanamientos en domicilios en Boulogne Sur Mer, en la provincia de Buenos Aires.
Finalmente, este martes, personal de la DDI de Gualeguaychú se dirigió hasta el partido de San Isidro, donde conjuntamente con personal policial bonaerense, realizaron los allanamientos y detenciones. Se aprehendió a un hombre y a una mujer de 43 y 46 años, que ya fueron trasladados a Gualeguaychú, y permanecen prófugas otras dos mujeres de 32 y 31 años.
En el operativo se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados y en las próximas horas se definirá la situación procesal de ambos detenidos. A su vez, los dos hombres encarcelados en Campana fueron notificados de su detención y se les tomará declaración de imputados a través de videollamada.