La querella, representada por el abogado Roberto Castillo, solicitó la imputación y detención de Maicol González y Mariela Beatriz Altamirano por homicidio agravado en concurso con abandono de persona. El niño de 4 años murió tras meses de maltrato y desprotección institucional.
Domingo, 12 de Abril de 2026,
19:30
Redacción EL ARGENTINO
El caso de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años fallecido el 6 de abril en Comodoro Rivadavia, tomó un giro judicial decisivo. Su padre, Luis Armando López, con el patrocinio del abogado Roberto Castillo, presentó una ampliación de denuncia penal que apunta directamente contra la madre biológica, Mariela Beatriz Altamirano, y el padrastro, Maicol González. La acusación es gravísima: homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.
El escrito describe un escenario de “pluralidad de comportamientos convergentes” que derivaron en el desenlace fatal. La autopsia preliminar reveló lesiones traumáticas en la región craneal, incompatibles con una muerte natural o accidental, y consistentes con violencia física de gran intensidad. Vecinos aportaron testimonios sobre gritos del menor y episodios de agresión, incluso con recriminaciones de la madre hacia González.
Responsabilidad institucional
La querella también apunta contra funcionarios judiciales y del sistema de protección de derechos. Entre ellos, el juez de Familia Pablo José Pérez, la asesora Verónica Roldán y la licenciada Jennifer Leiva. Se los acusa de haber ignorado advertencias previas y de haber construido el escenario de desprotección que permitió el infanticidio. El relato incluye tres rechazos previos a la restitución del niño a su madre biológica, la audiencia de febrero en la que Ángel expresó que su centro de vida era con su madre de crianza, y la restricción perimetral de marzo que aisló al niño de su entorno afectivo, dejándolo solo con sus presuntos agresores.
Riesgo de fuga y destrucción de pruebas
La solicitud de detención inmediata se fundamenta en riesgos procesales concretos. Según la querella, los imputados habrían quemado prendas del niño para eliminar rastros biológicos y planificado una fuga hacia El Dorado, Misiones. Castillo trazó un paralelismo con el caso de Lucio Dupuy, señalando incumplimientos de la Ley 27.709 (Ley Lucio) en materia de capacitación y detección temprana.
“Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda”, sostiene la denuncia. La ciudad de Comodoro Rivadavia permanece conmocionada mientras la justicia analiza el pedido de detención, en un caso que reaviva el debate sobre la responsabilidad estatal en la protección de la infancia.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas (NA)
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