La Justicia Federal convocó a declarar a tres exfuncionarios provinciales en el marco de la investigación por la extracción de arena en el sur entrerriano. Las citaciones recaen en Juan José Bahillo, Hugo Ballay y Daniela García, y se suman a las ya realizadas a las autoridades actuales.
Domingo, 1 de Marzo de 2026,
17:17
Redacción EL ARGENTINO
La Justicia Federal dio un paso clave en una de las causas ambientales más sensibles de Entre Ríos. El juez Hernán Viri, a cargo del Juzgado Federal de Gualeguaychú, consideró acreditado el “estado de sospecha” exigido por la ley procesal y dispuso la citación a declaración indagatoria de tres exfuncionarios provinciales. El expediente investiga presuntos delitos vinculados al incumplimiento de sentencias judiciales que ordenaban clausuras de areneras sin habilitación ambiental en el Departamento Islas del Ibicuy.
Las nuevas citaciones
Las citaciones recaen en Juan José Bahillo, exministro de Producción, convocado para el 20 de marzo; Hugo Alberto Ballay, exministro de Economía, citado para el 10 de abril; y María Daniela García, exsecretaria de Ambiente, llamada a declarar el 17 de abril. La investigación se inscribe en el expediente FPA 8044/2024, acumulado a la causa FPA 5071/2022, ambas iniciadas por la denuncia de Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, representado por su apoderado legal Ricardo José Luciano.
Las imputaciones giran en torno a presuntos delitos de incumplimiento de sentencia, omisión de control, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El eje de la controversia es la extracción y lavado de arena de sílice en el sur entrerriano y el supuesto incumplimiento de dos sentencias firmes dictadas en 2022 que ordenaban clausurar todas las plantas sin estudios y habilitaciones ambientales en regla.
El trasfondo ambiental y político
En la causa acumulada ya prestaron declaración indagatoria el actual ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el director General de Desarrollo Minero, Ricardo Iturriza; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; su asesor legal Osvaldo Fernández; el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro; el exintendente Gustavo Roldán; y la presidenta de Cristamine SA, Amalia Maluendez.
La hipótesis que investiga el Juzgado es que funcionarios de distintas gestiones, tanto provinciales como municipales, habrían avalado, por acción u omisión, el incumplimiento de las sentencias judiciales que ordenaban clausuras hasta tanto las empresas regularizaran su situación ambiental.
En términos jurídicos, el “estado de sospecha” no implica culpabilidad, pero sí supone que existen elementos suficientes para que los citados ejerzan su defensa en indagatoria. Se trata del primer acto formal de imputación en un proceso que pone bajo la lupa la relación entre gestión pública, control ambiental y actividad empresarial en una de las zonas más sensibles de la provincia.
Temas:
Ambiente Ibicuy Investigación Justicia
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