Reforma penal juvenil: el proyecto ingresó a Diputados y se votaría el jueves

El proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil ingresó formalmente a la Cámara de Diputados de la Nación y entró en la curva final de definiciones legislativas, ya que está previsto que la iniciativa sea votada en el recinto de sesiones el próximo jueves.

Según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas, el texto reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años y, aunque es muy similar al que obtuvo dictamen en mayo de 2025, incorpora modificaciones clave en materia presupuestaria para garantizar su aplicación efectiva.

A diferencia de la versión original que dejaba el financiamiento librado a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, generando sospechas sobre la viabilidad real de la norma, la nueva redacción asegura las partidas necesarias. El Gobierno incluyó la asignación de más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia, buscando con esto que la ley no termine siendo letra muerta por falta de recursos.

El tratamiento legislativo se acelerará este miércoles, cuando un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia, Justicia y Presupuesto busque reunir los avales necesarios para firmar el dictamen. Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal, confía en recuperar el consenso que ya existía para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Si bien sectores de la oposición denuncian un intento de avance exprés a libro cerrado, el oficialismo recuerda que el texto base cuenta con el antecedente de un amplio debate realizado el año pasado, que incluyó siete reuniones con especialistas y obtuvo un dictamen de 77 firmas.

La urgencia por reactivar este tema, que había quedado postergado por otras prioridades del Gobierno, responde en gran medida al impacto social del reciente crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. El homicidio del adolescente de 15 años a manos de otros menores conmocionó a la opinión pública y obligó al sistema político a reponer en la agenda de sesiones extraordinarias la discusión sobre la inseguridad y la justicia juvenil.

En cuanto a las penas, el proyecto descarta la reclusión perpetua y establece un máximo de 15 años de prisión para los menores condenados. El régimen propone un abordaje diferenciado: para aquellos delitos con penas menores a tres años, o hasta diez años sin violencia grave, se priorizarán medidas con enfoque social, educativo, libertad asistida y tareas comunitarias, reservando la prisión efectiva para los casos más graves.

El debate de fondo expone dos visiones contrapuestas de la seguridad. El Gobierno, alineado con el discurso del presidente Javier Milei de “el que las hace las paga”, busca elevar los costos para quienes delinquen y terminar con la llamada “puerta giratoria”. En la vereda opuesta, la oposición más dura rechaza la reforma argumentando que no existe evidencia empírica de que la severidad penal reduzca el delito, citando como ejemplo a Brasil, donde la baja de la edad de imputabilidad no logró contener una tasa de homicidios que escaló a niveles alarmantes, y sostienen que la problemática responde a una estructura histórica de exclusión social.