Siete productores y dos ex funcionarios enfrentan acusaciones por contaminación con plaguicidas, en un proceso que revive el debate sobre el uso de agroquímicos y la responsabilidad estatal en los controles.
Lunes, 9 de Febrero de 2026,
18:38
Redacción EL ARGENTINO
En los Tribunales Federales de Rosario comenzó un juicio que tiene como protagonistas a siete productores de Pergamino y a dos ex funcionarios públicos, acusados de incumplir la normativa local sobre la aplicación de agroquímicos y de omitir controles obligatorios. El caso, iniciado en 2018 y con antecedentes en el Juzgado Federal de San Nicolás, vuelve a poner en el centro de la escena la tensión entre la actividad agrícola y la protección de la salud en una de las zonas más productivas del país.
La causa se remonta a la resolución del juez Carlos Villafuerte Ruzo en 2019, que fijó restricciones de hasta 1.095 metros para fumigaciones terrestres y 3.000 metros para aplicaciones aéreas en torno a centros poblados y escuelas. La medida afectó unas 6.000 hectáreas y obligó a productores periurbanos a modificar sus prácticas, incluso impactando en los ensayos del INTA Pergamino.
El fiscal Reynares Solari imputó a los acusados bajo el artículo 55 de la Ley 24.051 de residuos peligrosos, que prevé penas de 3 a 10 años de prisión por envenenar o contaminar de manera peligrosa el ambiente. Según la acusación, se hallaron residuos de atrazina, metolaclor, acetoclor, clorpirifos y glifosato en barrios como La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia. “El medio ambiente no es un compartimento estanco”, sostuvo el fiscal, cuestionando tanto a los productores como a los ex funcionarios que no garantizaron el cumplimiento de la ordenanza municipal.
Graves consecuencias de salud
El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal N°2, cuenta con unos 100 testigos y tiene como figura visible a una querellante que denunció en 2011 haber sufrido graves consecuencias en su salud y la de sus hijos por las fumigaciones. Las audiencias continuarán el 12 de febrero con declaraciones de querellantes, policías y vecinos afectados, además de peritos expertos que participaron en la investigación técnica.
El proceso judicial no solo busca determinar responsabilidades penales, sino que reabre un debate de fondo: cómo compatibilizar la producción agrícola con la protección ambiental y sanitaria en territorios donde la frontera entre lo rural y lo urbano es cada vez más difusa.
Comentarios
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación...
[X]
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad
de sus autores Diarioelargentino.com se reserva
el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o
discriminadores.
