Senadores del PJ pidieron informes por incidentes en el Túnel Subfluvial

Senadores del bloque Justicialista presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para que brinde detalles sobre una serie de incidentes ocurridos en el Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis” durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La iniciativa legislativa se originó a partir de al menos tres episodios protagonizados por camiones que habrían superado la altura máxima permitida para circular por el enlace interprovincial. En dos de los casos, los vehículos rozaron la parte superior del túnel, provocando chispas visibles que fueron registradas por usuarios y difundidas públicamente. En el tercer incidente, un camión quedó atascado, lo que generó importantes demoras y encendió alertas por la seguridad vial.

Según el reglamento de tránsito del complejo, la altura máxima autorizada es de 4,27 metros, considerando la carga y cualquier elemento que modifique las dimensiones del vehículo. Desde el bloque justicialista advirtieron que el contacto de camiones con la losa del túnel no solo pudo haber ocasionado daños materiales, sino que también implicó un riesgo potencial de incendio y afectación estructural.

A través del pedido de informes, los senadores solicitaron conocer cuáles son los mecanismos de control y verificación de altura previos al ingreso, qué dimensiones tenían los camiones involucrados, cuáles fueron las causas que permitieron que se produjeran los hechos y si se registraron daños en la estructura del túnel. También reclamaron precisiones sobre las acciones de concientización e información dirigidas a transportistas y empresas de transporte.

Los legisladores subrayaron la necesidad de reforzar los controles preventivos y mejorar los sistemas de advertencia para evitar situaciones que pongan en riesgo a los miles de usuarios que transitan a diario por una de las obras de infraestructura más relevantes de la región.

En ese marco, remarcaron que la seguridad del Túnel Subfluvial es una responsabilidad estratégica del Estado y que resulta indispensable garantizar el cumplimiento estricto de las normas de circulación para preservar tanto la integridad de la estructura como la vida de quienes la utilizan cotidianamente.