La Corte paraguaya rechazó una apelación de Kueider y fijó fecha de juicio

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay rechazó una apelación presentada por la defensa del exsenador Edgardo Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel, y confirmó el avance de la causa por contrabando en grado de tentativa. Con esa decisión, quedó firme la convocatoria a juicio oral, que comenzará el lunes 20 de abril de 2026.

El planteo había sido impulsado por los abogados defensores, quienes intentaron que el máximo tribunal revisara resoluciones previas que rechazaron la nulidad de la acusación y el pedido de sobreseimiento. Sin embargo, los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera consideraron que el recurso no cumplía los requisitos mínimos y que se trataba de una vía procesal inexistente, al intentar una “apelación de la apelación”.

Según el fallo, el planteo carecía de impugnabilidad objetiva, lo que tornó innecesario el análisis de los demás presupuestos formales. La Corte advirtió además que aceptar ese tipo de recursos implicaría habilitar un uso abusivo de las herramientas procesales, en contra de los principios de economía procesal y buena fe, con el riesgo de paralizar indefinidamente los procesos penales.

Kueider y Guinsel están acusados de contrabando en grado de tentativa, una figura que prevé una pena máxima de dos años y medio de prisión. En Paraguay, las condenas a partir de los dos años son de cumplimiento efectivo. La causa se originó tras un procedimiento realizado en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando ambos intentaron ingresar al país USD 200 mil sin declarar. Desde entonces permanecen bajo detención domiciliaria.

Durante el proceso, la defensa solicitó la exclusión como prueba del registro fílmico del operativo en el que fue detenida la camioneta en la que se trasladaban y se secuestró el dinero. Ese planteo fue rechazado en primera instancia por el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú y luego confirmado por un tribunal de alzada, decisiones que ahora quedaron ratificadas por la Corte.

Además del juicio por contrabando, el exsenador enfrenta un frente judicial abierto en la Argentina. La Corte paraguaya aún debe resolver un planteo vinculado al trámite de su extradición, solicitada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien lo investiga por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Esa investigación se desprende de la causa conocida como “Securitas”, en la que se indagan supuestos pagos de sobornos a organismos públicos para obtener contratos de vigilancia, entre ellos la empresa energética entrerriana Enersa. A esto se suma una denuncia por presuntas inconsistencias patrimoniales y otra causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia de Concordia. La superposición de expedientes derivó en un conflicto de competencia que deberá definir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.