Hidrógeno verde: asambleístas de Paysandú rechazaron la firma del Memorándum

Ante la última novedad de un Memorándum de Entendimiento firmado entre el gobierno uruguayo y la multinacional HIF Global, el Movimiento Sanducero de Participación Ciudadana expresaron su nuevo rechazo al proyecto que pretende instalarse en Paysandú, en zonas de reservas autóctonas.

Desde que comenzó a tomar mayor notoriedad el proyecto de instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, agrupaciones y vecinos de los dos lados del río empezaron a manifestar su rechazo. No solo el reclamo sale desde la ciudad costera de Uruguay, sino que desde Colón, también, sobre todo desde la Multisectorial Somos Ambiente.

Asambleístas y organizaciones ciudadanas de Paysandú expresaron su rechazo a la firma de un nuevo Memorándum de Entendimiento entre el gobierno uruguayo y la empresa HIF para la eventual instalación de una planta de e-combustibles e hidrógeno verde en ese departamento, al advertir riesgos ambientales, falta de información clara y ausencia de mecanismos efectivos de participación ciudadana.

Desde el Movimiento Sanducero de Participación Ciudadana “Firma por el Río” señalaron que la Viabilidad Ambiental de Localización otorgada por el Ministerio de Ambiente para los padrones 11.950 y 11.951 constituye apenas una etapa inicial del proceso y que la empresa aún debe presentar el proyecto definitivo y el Estudio de Impacto Ambiental, además de obtener las autorizaciones ambientales correspondientes para construir y operar.

Advirtieron además que el comunicado oficial no precisa la localización exacta de la planta y cuestionaron que los padrones mencionados, ubicados sobre la costa del río Uruguay y en cercanías del Área Protegida Islas del Queguay, resultan inadecuados para un emprendimiento de estas características. Recordaron que esos terrenos estaban incluidos en el proyecto original del área protegida como zona de amortiguación ambiental.

Entre los principales impactos señalados, mencionaron la posible tala de unas 33 hectáreas de bosque autóctono, la afectación del territorio por infraestructura asociada, como carreteras para tránsito pesado, ductos, líneas eléctricas y colectores industriales, y la instalación de una toma de agua y un puerto para barcazas dentro de un área protegida del río Uruguay.

También alertaron sobre impactos acumulativos de tipo mecánico, químico, sonoro, visual y térmico, que podrían extenderse varios kilómetros e incluso alcanzar a la provincia de Entre Ríos, durante las etapas de construcción, funcionamiento y eventual desmantelamiento de la planta. En ese sentido, cuestionaron la eficacia de las medidas de mitigación propuestas y calificaron a la planta como una infraestructura de alto riesgo, con posibilidad de incendios, explosiones o vertidos contaminantes.

Finalmente, reafirmaron su decisión de continuar con la recolección de firmas para incorporar los padrones involucrados al Área Protegida Islas del Queguay y otorgarles carácter de reserva natural departamental, apelando a los mecanismos de iniciativa ciudadana y plebiscito como forma de garantizar la expresión de la voluntad popular.

Ante el argumento de una inversión histórica para Uruguay, que rondaría cerca de los 6 mil millones de dólares, y con la carencia de puestos de trabajo en la zona, tanto autoridades de Uruguay y representantes de la firma siguen avanzando aun sin tener todos los avales necesarios, como estudios de impactos ambientales.

Desde Colón, Entre Ríos, la amenaza de este proyecto es muy sensible, ya que el mismo estaría ubicado a tres kilómetros y medio de la ciudad turística argentina.