Reordenamiento en Diputados para reforzar la Salud Mental

En un movimiento inusual dentro de la administración pública provincial, la Cámara de Diputados de Entre Ríos transfirió cargos de su planta permanente al Ministerio de Salud con el fin de reforzar el área de Salud Mental, uno de los sectores más exigidos del sistema sanitario. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 183 y fue definida como un gesto de cooperación interinstitucional sin precedentes.

El reordenamiento fue impulsado por el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, quien dispuso una auditoría interna sobre los nombramientos realizados por la gestión legislativa anterior. Ese relevamiento determinó que parte de los ingresos a planta permanente se concretaron de manera irregular y sin una correlación con las necesidades reales de funcionamiento del cuerpo legislativo. Con ese diagnóstico en mano, y en coordinación con el gobernador Rogelio Frigerio, se decidió trasladar parte de esos cargos disponibles a un área considerada crítica y subfinanciada.

La norma destaca que la creciente demanda vinculada a la salud mental exige reforzar de manera urgente las estructuras dedicadas a la atención, prevención y abordajes comunitarios. Hein remarcó que el tema “es una prioridad de política pública” y que desde la Cámara se viene trabajando junto a otros organismos provinciales en programas de prevención y asistencia. Con la transferencia de cargos, sostuvo, se busca “marcar un precedente” y reasignar recursos existentes a los sectores más sensibles.

El fortalecimiento del área apunta a incorporar equipos interdisciplinarios, mejorar la capacidad de respuesta en situaciones de crisis, ampliar las instancias de acompañamiento y promover abordajes comunitarios, un enfoque que ganó centralidad en los últimos años. La Cámara subrayó además que la decisión no afecta su funcionamiento interno ni compromete servicios esenciales.

La acción fue presentada como “inédita” en la historia administrativa de la provincia, ya que no existían antecedentes de una transferencia voluntaria de cargos desde un poder del Estado hacia otro para robustecer una política pública.

Según se informó, la reasignación no implica aumento del gasto ni ampliación de estructuras, sino un reacomodamiento de recursos humanos ya existentes hacia áreas con mayor impacto social. La definición se inscribe en un modelo de gestión orientado a jerarquizar sectores clave para la ciudadanía y fortalecer la respuesta del Estado ante una demanda que crece de manera sostenida.