La organización reclama datos sobre proyectos en el río Uruguay y advierte que la Provincia incumple normas nacionales e internacionales de acceso a la información.
Miércoles, 19 de Noviembre de 2025,
8:50
Redacción EL ARGENTINO
La Fundación Cauce interpuso un nuevo amparo luego de que el Gobierno de Entre Ríos no respondiera, dentro de los plazos legales, una solicitud de acceso a la información pública ambiental presentada el 19 de septiembre. El pedido buscaba conocer detalles de los proyectos para ampliar la navegabilidad del río Uruguay, tanto aguas arriba como aguas abajo del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, en el marco de la segunda etapa del Plan de Modernización del complejo binacional.
En la presentación se requirió, entre otros puntos, los proyectos vinculados a la ampliación de la vía navegable; el estado de la obra de la esclusa de navegación conocida como Ayuí u otras alternativas previstas; y los estudios de impacto socioambiental, su financiamiento y los mecanismos de participación ciudadana contemplados para esas iniciativas.
La organización ambiental sostuvo que la falta de respuesta vulnera los derechos garantizados por el Acuerdo de Escazú y por las leyes nacionales de presupuestos mínimos que regulan el acceso a la información ambiental. En ese sentido, remarcó que se trata de un tipo especial de información pública “que no puede ser tramitada bajo los parámetros de la reciente ley provincial 11.191”, ya que tanto los requisitos, como los plazos y las vías de reclamo están definidos en la normativa nacional.
Cauce advirtió que la Provincia está obligada a aplicar los estándares de Escazú y recordó que la jurisprudencia entrerriana ha reconocido de manera reiterada la vía del amparo como mecanismo rápido para garantizar el acceso a información ambiental. También señaló que el Estado no puede justificar la negativa con invocaciones genéricas de confidencialidad y que, en caso de existir datos sensibles, deben aplicarse técnicas de disociación.
La entidad afirmó que el objetivo de la acción judicial es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos ambientales y evitar eventuales responsabilidades, incluso a nivel internacional. Al mismo tiempo, insistió en que la transparencia y la participación ciudadana son esenciales para gestionar obras estratégicas y prevenir conflictos futuros.
El amparo quedó registrado el 6 de noviembre y ahora deberá ser analizado por la Justicia entrerriana, que definirá si ordena al Gobierno provincial la entrega de la información solicitada
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