La Comisión Investigadora de la criptomoneda $LIBRA, impulsada tras la difusión del proyecto en redes sociales vinculadas al presidente Javier Milei, presentará este martes su informe final, luego de tres meses de trabajo.
Redacción EL ARGENTINO
El documento incluirá conclusiones, detalles técnicos y propuestas judiciales que serán elevadas a la Cámara de Diputados antes del 20 de noviembre. La reunión está prevista para las 16 horas, en la Sala 1 del Anexo A del Congreso.
La comisión logró formalizar su funcionamiento recién el 28 de agosto, cuando el pleno de la Cámara designó autoridades. Desde entonces se realizaron nueve reuniones, a las que se suma la de este martes, donde se presentará el informe final.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, anticipó en redes sociales que el trabajo reunió “documentos, testimonios e información técnica” y que el informe buscará ofrecer “una respuesta seria y fundada” sobre lo actuado. El expediente final cuenta con diez cuerpos que incluyen actas, informes técnicos, documentación aportada por plataformas de intercambio y testimonios de especialistas.
Testimonios y datos relevados
Entre las declaraciones destacadas figura la del denunciante Martín Romeo, quien señaló que el 86% de los inversores perdió la mayor parte de sus fondos en menos de 12 horas, con retiros estimados en USD 280 millones.
En esa misma instancia, el especialista en criptomonedas Iñaki Apezteguia sostuvo que no hubo estafa, lo que generó posiciones contrapuestas dentro de la comisión.
En junio, antes de la designación formal de autoridades, también participaron periodistas, especialistas en sistemas y analistas financieros, quienes aportaron información sobre el funcionamiento de la plataforma asociada a $LIBRA y los movimientos de billeteras virtuales.
Interpelaciones y respuestas del Ejecutivo
La comisión había solicitado la presencia de cuatro funcionarios: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Solo Francos asistió, el 30 de abril.
El jefe de Gabinete negó cualquier vinculación del Estado con el denominado proyecto “Viva La Libertad” y remarcó que “no existió coordinación, intervención ni beneficio económico por parte de funcionarios nacionales”. También subrayó que las comisiones investigadoras no pueden “arrogarse funciones que corresponden exclusivamente al Poder Judicial”.
La comisión señaló que hubo restricciones para acceder a información clave relacionada con el caso. Funcionarios citados —entre ellos Karina Milei, el titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik y la exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA, Florencia Zicavo— no se presentaron a declarar.
Además, la disolución de la Unidad de Investigación (UTI), dispuesta por el decreto 332/2025, fue interpretada como una señal de desinterés por parte del oficialismo.
A su vez, la diputada Sabrina Selva (UxP) señaló que el análisis técnico permitió identificar 36 billeteras con ganancias superiores al millón de dólares y mencionó un eventual uso político de la imagen presidencial. Entre los elementos relevados figura una billetera vinculada al empresario Mauricio Novelli, que recibió USD 300.000 en noviembre de 2024 y USD 250.000 en enero de 2025, según información aportada por la plataforma Binance.
El vínculo con el juzgado federal a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi se mantuvo tensionado. El magistrado negó a la comisión el acceso completo al expediente, con el argumento de que la causa se encuentra bajo secreto, postura que fue respaldada por el fiscal Eduardo Taiano.
Ambos también rechazaron pedidos de indagatoria y detención contra empresarios investigados. Desde la comisión se consideró que las resoluciones “obstaculizan el control institucional”. Ante esto, los diputados aprobaron solicitar un jury de enjuiciamiento contra Martínez de Giorgi y Taiano.
Qué incluirá el informe final
El documento que se presentará hoy contendrá:
- Conclusiones sobre posibles hechos de fraude, irregularidades y mal uso de atribuciones.
- Recomendaciones legislativas, principalmente sobre marcos regulatorios para activos digitales.
- Propuestas judiciales, entre ellas la presentación de denuncias y un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para habilitar medidas que permitan sortear bloqueos procesales.
Tras su aprobación, el informe será remitido al juzgado federal que lleva adelante la causa.