La abogada de las víctimas de Laurta señaló posibles fallas judiciales en el doble femicidio

La abogada Marina Romano, querellante en la causa por el doble femicidio de Mariel Zamudio y Luna Giardina, por el que está imputado Pablo Laurta, pidió que se investigue el accionar de los funcionarios judiciales que intervinieron antes del crimen, ocurrido tras reiteradas denuncias de las víctimas. El caso derivó en la apertura de un sumario interno en el Poder Judicial, que incluye a una fiscal y a tres ayudantes fiscales.

Romano señaló que existieron advertencias previas sobre la peligrosidad del acusado, quien fue denunciado por su expareja —una de las víctimas— y por vecinos que lo vieron merodeando la vivienda. "La víctima efectuó denuncias a lo largo de un tiempo determinado. En mi presentación ante el fiscal (Gerardo) Reyes ya había pedido que se investigara el accionar de los funcionarios públicos que intervinieron, porque el sistema no protegió a Luna", afirmó.

Según la abogada, las falencias detectadas en la atención de las denuncias y en la respuesta judicial "le costaron la vida" a la víctima. "El sistema falló. Pasaron meses en los que estuvo desprotegida. El botón antipánico resultó insuficiente, las medidas burocráticas no se aplicaron con eficacia, y a un hombre que entró al país con armas se le dio una pena de apenas 30 días por desobediencia a la autoridad", advirtió.

Romano sostuvo en diálogo con Cadena 3 que la investigación interna del Poder Judicial "va en el camino correcto" al revisar la actuación de todos los funcionarios involucrados, sin importar el rango. "No se trata de una caza de brujas, pero todos tenemos que dar explicaciones, y más aún quienes juzgan a otros", expresó.

La abogada comparó el caso con la llamada masacre del barrio Cerveceros, ocurrida en 2006, en donde un policía retirado asesinó a sus cuatro hijos y se suicidó, en venganza a su mujer, que había realizado varias denuncias por violencia de género. "En aquella oportunidad, más allá de las condenas económicas al Estado, sólo se sancionó a un par de efectivos policiales. No se puede repetir la historia", dijo.

Romano cuestionó también el papel de los peritos que intervinieron en la causa. "Hay que analizar con cuidado las pericias que se utilizan en casos de violencia de género. Muchas veces son entrevistas formales y de escaso tiempo. No pueden reemplazar el criterio de los magistrados. Si el sistema cree en la víctima, debe actuar en consecuencia y dejar de lado una pericia que minimiza la peligrosidad del agresor", señaló.

En ese sentido, consideró que la evaluación psicológica que determinó que Laurta "no era peligroso" fue determinante para su liberación. "Liberarlo a los 30 días, sin fijar domicilio ni imponer medidas de arraigo, fue un error. Se lo trató como a una persona sin antecedentes, cuando ya había mostrado un perfil violento y planificaba su accionar", remarcó.

Romano indicó que la revisión del caso debe servir para mejorar los mecanismos de protección. "El Estado tiene que definir si va a seguir actuando mecánicamente o si va a evaluar con seriedad el riesgo que corre cada víctima. Porque si no, terminamos dejando a las personas libradas a su suerte, como le pasó a Luna", señaló.

El sumario administrativo abierto por el Tribunal Superior de Justicia busca determinar si existieron omisiones o negligencias por parte de los funcionarios que intervinieron antes del crimen.