Fundación Cauce y el Foro Ecologista solicitaron a la Justicia Federal que determine responsabilidades por el vertido de efluentes industriales y cloacales en los arroyos que desembocan en el río Paraná.
Redacción EL ARGENTINO
Las organizaciones ambientales Fundación Cauce y Foro Ecologista de Paraná presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presuntos delitos de contaminación en la cuenca del río Paraná. El escrito, radicado ante el fiscal Leandro Ardoy, pide investigar a las empresas que operan en los parques industriales de Crespo y Paraná, así como a los funcionarios responsables de los controles ambientales.
La presentación invoca los artículos 55 y 56 de la Ley de Residuos Peligrosos y reclama inspecciones inmediatas en los arroyos Espinillo, Crespo, Las Conchas y Las Tunas, todos afluentes del Paraná. Según las entidades denunciantes, existen descargas industriales y cloacales sin tratamiento que afectan el agua y la salud pública de las comunidades ribereñas.
El caso tomó relevancia tras la difusión de imágenes del arroyo El Espinillo teñido de color rojizo, captadas el 26 de octubre por el grupo A Remarla. El fenómeno, registrado en el Paraje Calzada de Espinillo, podría estar vinculado al rebalse de lagunas de tratamiento del Parque Industrial de Crespo, como ya se denunció en años anteriores.
Fundación Cauce había pedido informes a la Secretaría de Ambiente provincial, que reconoció la existencia de muestreos con niveles de contaminación superiores a los límites legales. A su vez, un estudio reciente encabezado por el científico Rafael Lajmanovich (UNL-Conicet) confirmó niveles extremos de toxicidad en los cursos de agua analizados, con el mayor registro histórico de glifosato en Sudamérica.
El informe, publicado en Water Environment Research, describe una “situación de ecocidio” y señala que los efluentes cloacales e industriales vertidos en los arroyos generan una “zona de sacrificio ambiental”.
La denuncia también apunta al Estado provincial por la falta de cumplimiento de los planes de monitoreo prometidos. Según la documentación aportada, la Secretaría de Ambiente reconoció que no se implementó la Estrategia de Monitoreo Integral para la cuenca Las Conchas, pese a los compromisos asumidos en 2024.
Las organizaciones advierten que la contaminación en estos afluentes, al desembocar en el Paraná, implica un riesgo para más de dos millones de personas. Por tratarse de una cuenca interjurisdiccional, pidieron que la causa sea tramitada en el fuero federal.
“El Paraná es un bien común y esencial para la vida. No puede seguir siendo un vertedero de residuos industriales y agrotóxicos sin sanción ni control”, expresaron desde Cauce y el Foro Ecologista.