Organizaciones y judiciales denuncian que la modificación restringe la participación ciudadana y vulnera derechos constitucionales.
Lunes, 6 de Octubre de 2025,
9:31
Redacción EL ARGENTINO
El Senado de Entre Ríos aprobó la primera reforma a la Ley Nº 10.746 de juicio por jurados, sancionada en 2019 y aplicada desde 2020. La modificación, impulsada por el Poder Ejecutivo, recibió 14 votos afirmativos, una abstención y un voto negativo. Sin embargo, generó un fuerte rechazo de sectores judiciales, organizaciones de víctimas y referentes sociales, que advierten un retroceso en derechos al limitar la competencia del jurado popular, consagrado en el artículo 118 de la Constitución Nacional.
La reforma afecta los artículos 2º, 46 y 96 de la norma, estableciendo que solo los delitos con pena máxima en abstracto superior a 20 años de prisión serán juzgados obligatoriamente por jurados, junto con delitos conexos. Esto excluye numerosos delitos que antes se dirimían mediante jurado popular, trasladándolos a jueces técnicos.
Carla Cusimano, presidenta de Vidaer, criticó que la reforma “cercena el derecho a ser juzgados por nuestros pares” y denunció la falta de voluntad política del Poder Judicial para implementar adecuadamente el sistema. Señaló que en cinco años solo se crearon dos cargos y un único salón en Paraná, mientras que la provincia podría haber realizado 90 juicios por jurado en lugar de 30.
El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, calificó la reforma de “inconstitucional”, advirtiendo que podría derivar en un fallo de la Corte Suprema. El abogado Damián Petenatti coincidió en que Entre Ríos retrocede respecto de otras provincias que amplían el juicio por jurados.
A favor, senadores como Rafael Cavagna y Juan Pablo Cosso defendieron la reforma, destacando que busca agilizar los juicios ante la saturación judicial y proteger a las víctimas, sin vulnerar garantías constitucionales. La modificación es transitoria y perfectible, según sostuvieron.
La reforma abre un debate sobre la participación ciudadana en el sistema judicial y el equilibrio entre eficiencia procesal y derechos fundamentales, en un contexto donde otras provincias avanzan en la expansión del juicio por jurados incluso a fueros civiles, comerciales y laborales.
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