Trata de personas: “En Gualeguaychú venimos articulando acciones de prevención y asistencia”

Silvina María Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos comparte con EL ARGENTINO algunas claves para comprender la mutación del delito y las estrategias de prevención en Entre Ríos y las localidades.

Calveyra advirtió que la trata de personas es un delito complejo, vinculado a la criminalidad organizada y atravesado por lógicas patriarcales, capitalistas y globalizadas.

“Cuando hablamos de Trata de Personas hablamos de un delito complejo, vinculado a la criminalidad organizada, un delito dinámico, no estático, que permanentemente modifica su modus operandi; que a su vez no solo se reduce a un flagelo, sino que se constituye por sus indicadores en una problemática social, atravesado por un sistema globalizado, capitalista y patriarcal”, señaló.

También alertó sobre nuevas formas de explotación, como la prostitución virtual y la subrogación de vientres con fines comerciales: “La explotación virtual es una realidad y se expresa a través de la comercialización de imágenes o videos vinculados a la explotación sexual o prostitución online; o la explotación del cuerpo a través de la subrogación de vientres (alquiler) que en este último tiempo se han detectado casos a nivel nacional. Es fundamental cambiar la mirada, dejar de pensar en casos aislados y entender que hay redes que se conectan con otros delitos como el narcotráfico y el lavado de dinero”, sostuvo.

Entre Ríos: ley pionera contra prostíbulos

En 2012, la provincia sancionó la Ley 10.186, que prohíbe la instalación de prostíbulos. La norma surgió por iniciativa ciudadana, tras un relevamiento que detectó 108 locales en la ruta 14, con más de 2000 mujeres rotadas cada tres meses.

“Fue clave para cortar el primer eslabón de sometimiento. Aunque algunos lugares reabren con otras fachadas, debemos estar atentos a los indicadores y denunciar”, afirmó Calveyra. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima a la Línea 145 o al correo consejopcialtratadepersonas@gmail.com

La profesional describe y desmenuza aquellos primeros datos antes de la Ley: “Recuerdo que cuando desde Red de Alerta de Entre Ríos junto a otras organizaciones promovimos esta ley, presentándola a través del mecanismo constitucional “sugerencia ciudadana”, luego de un trabajo territorial previo, que determino la existencia de aproximadamente 2000 mujeres en situación de prostitución en estos lugares, en su gran mayoría de otras provincias, que las rotaban cada tres meses, 108 prostíbulos, 1 cada 15km en la ruta crítica de vulnerabilidad, la 14, Ruta del Mercosur, que hablaba también de la demanda de los prostituyentes; sus dueños monotributistas de otras provincias”.

Articulación con Uruguay y el trabajo en la frontera

El Consejo Provincial participa en comités binacionales y campañas conjuntas con autoridades uruguayas. “La frontera es estratégica para prevenir y asistir. Del último encuentro Colón – Paysandú surgió una campaña de prevención conjunta y en frontera, que se está por implementar en los pasos, como también en el abordaje a víctimas que puedan ser rescatadas. También del encuentro Concordia – Salto surgieron propuestas de trabajo de relevancia, en frontera como lugar estratégico para la prevención”, explicó Calveyra a EL ARGENTINO.

Explotación laboral: el 90% de las denuncias

Desde la campaña “La trata existe”, Entre Ríos pasó de cero denuncias a recibir entre 40 y 50 por año, en su mayoría por explotación laboral. “La Línea que depende de la Coordinación del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación ha recibido aproximadamente entre 40 y 50 denuncias anuales desde Entre Ríos, en el 90% son por explotación laboral.

En el año 2024 se rescataron 20 víctimas, en lo que va del año 2025 tres personas; en su mayoría por explotación laboral y oriundas de otras provincias que son trasladadas por falsas promesas de trabajo en la búsqueda de mejores condiciones de vida encontrándose con realidades diferentes a lo prometido,” informó Silvina María Calveyra.

Calveyra aclaró que no toda precarización laboral es trata: “Debe haber engaño en la captación, traslado, sometimiento a condiciones inhumanas, falta de alimentos, agua, descanso, documentación y comunicación”.

Municipios como actores clave

El Consejo Provincial trabaja con gobiernos locales para implementar normativas y protocolos. “Nuestra provincia cuenta con el Consejo Provincial dispuesto por la Ley 10.032, como organismo colegiado dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, en este sentido desarrollamos espacios de trabajo conjunto con los Municipios para sugerir la adhesión a las normativas provinciales como también a la Ley 10.852 (Protocolo de Intervención), invitándolos a ser parte del Consejo ampliado. Con ejes fundamentales como la prevención y concientización (sensibilización y capacitación, participación de eventos masivos para la difusión), la erradicación del delito y el proyecto de vida o regreso asistido a víctimas”, describió la profesional en diálogo con EL ARGENTINO.

“En Gualeguaychú venimos articulando acciones de prevención, capacitación y asistencia. Es clave que los municipios se sumen al Consejo ampliado y promuevan campañas en eventos masivos”, indicó.

Desde 2008, con la implementación de la Ley 26.364 y su modificatoria 26.842, se rescataron 21.946 personas en todo el país. “Cada víctima es una historia que merece ser escuchada, protegida y acompañada”, concluyó Calveyra.