La Línea Fundadora de la histórica asociación en defensa de los DDHH publicó un comunicado exigiendo por la “inmediata aparición sana y salva” de Martha Lía Grajales como así también “la puesta bajo la justicia penal constitucional de los responsables”.
Martes, 12 de Agosto de 2025,
15:42
Redacción EL ARGENTINO
La detención de la activista de Derechos Humanos, Martha Lía Grajales, en Caracas, derivó en una condena de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora hacia el régimen de Nicolás Maduro.
“Pedimos encarecidamente que las autoridades correspondientes tomen medidas para la inmediata aparición de la señora Grajales sana y salva, y para la puesta bajo la justicia penal constitucional de los responsables de su denunciada desaparición”, señaló el pronunciamiento, firmado el último 9 de agosto por María Adela Antokoletz, vicepresidenta de la asociación.
La abogada colombo-venezolana y exmilitante chavista fue detenida el viernes 8 de agosto por agentes de la Policía Nacional Bolivariana tras participar en una protesta frente a la oficina de las Naciones Unidas en Caracas.
La manifestación, integrada en su mayoría por madres de presos políticos, buscaba denunciar la agresión sufrida días antes durante una vigilia pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia. En ese contexto, los llamados “colectivos chavistas”, grupos parapoliciales armados, atacaron, golpearon y robaron a las manifestantes, entre ellas la propia Grajales.
De esta forma, por primera vez, tanto Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, como así también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y figuras del Frente de Izquierda expresaron públicamente su repudio a la represión ejercida por el régimen de Nicolás Maduro.
Desde su detención, Grajales permanece desaparecida. Sus familiares y defensores intentaron presentar un hábeas corpus para conocer su paradero y estado de salud, pero la justicia venezolana rechazó el recurso.
La situación de Grajales fue calificada como “terrorismo de Estado” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un contexto marcado por la represión tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que Maduro se autoproclamó vencedor para un tercer mandato, resultado que no fue reconocido por ninguna democracia occidental.
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