
Silvina Murúa fue desplazada como coordinadora en Concordia tras detectarse un millonario desvío de fondos. La investigación alcanza también a proveedores con vínculos familiares.

Redacción EL ARGENTINO
Un escándalo de corrupción sacude al sistema de comedores escolares del departamento Concordia. Silvina Murúa, quien el año pasado denunció presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, fue desplazada esta semana de su cargo como coordinadora de comedores escolares, tras ser señalada como responsable de maniobras similares a las que en su momento había denunciado.
Murúa había sido designada por el gobernador Rogelio Frigerio en marzo de 2024, y durante sus primeros meses en funciones presentó una denuncia por malversación de fondos destinados a la compra de alimentos para las escuelas del departamento. Sin embargo, tras una auditoría realizada entre marzo y abril de este año, se descubrieron inconsistencias millonarias que involucran directamente su gestión.
Según el Ministerio de Desarrollo Humano, las auditorías detectaron que más de 66 millones de pesos ejecutados en ese período carecen de justificación. Además, una inspección sorpresa realizada en 37 comedores escolares reveló un circuito de compras irregulares, donde se declaraban alimentos que no eran entregados.
A esas irregularidades contables se suman las administrativas: Murúa habría contratado a su propia hermana como parte del personal, pese a que reside en la ciudad correntina de Mocoretá, imposibilitada de cumplir funciones presenciales en Concordia.
La investigación interna también alcanzó a los proveedores del sistema. La empresa Ahora Voy SRL, liderada por el joven empresario Iñaki Partarrié, fue suspendida como proveedora del Estado. Esta firma había logrado en pocos meses convertirse en uno de los principales proveedores de comedores escolares, ganando múltiples concursos de precios de la Secretaría de Desarrollo Humano y facturando unos 90 millones de pesos en el último trimestre.
Simultáneamente, su padre, Martín Partarrié, dirige Partarrié Distribuciones SAS, que opera en el ámbito municipal y también abastece con alimentos secos a los comedores de Concordia. En conjunto, padre e hijo manejaron una estructura que, en apenas un año y medio, facturó más de 400 millones de pesos al Estado local.
La relación entre los Partarrié y Murúa se confirmó mediante audios filtrados en los que se escucha a la funcionaria reclamando por un supuesto faltante de dinero. En la conversación, Iñaki Partarrié atribuye la responsabilidad a su padre, quien —según dice— habría preparado los fajos de billetes mal armados.
Fuentes oficiales indicaron que la documentación y las pruebas reunidas ya fueron remitidas al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien deberá decidir si corresponde la apertura de un sumario o la intervención de la Justicia ordinaria.
Mientras tanto, el escándalo expone la fragilidad de los mecanismos de control en el sistema de asistencia alimentaria escolar y reaviva los cuestionamientos sobre las contrataciones públicas a proveedores sin antecedentes comprobados. La historia, que comenzó con una denuncia por corrupción, hoy da un giro inesperado y ubica a su autora en el centro de un complejo entramado que aún promete nuevas revelaciones.
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