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El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime pidió la prescripción de la causa en la que está acusado y a punto de ser juzgado por supuestas dádivas por parte de empresarios a los que debía controlar.
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Lo hizo su abogado defensor, Andrés Marituán, quien argumentó que se venció el plazo de dos años para realizar el juicio, por lo que la causa prescribió, y en función de eso pidió el sobreseimiento de Jaime.
El planteo de la defensa fue presentado ante el juez federal Julián Ercolini, quien a principios del mes pasado había suspendido el curso de la prescripción para evitar que la causa languidezca, y como consecuencia de la gran variedad de recursos que interpuso la defensa para evitar el juicio.
Los abogados de Jaime acusan al juez de no haber tenido fundamentos para interrumpir el plazo de prescripción y que, al vencerse el tiempo previsto por la ley, debe sobreseer al exfuncionario.
En la causa están imputados tanto Jaime como el extitular de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), Claudio Cirigliano, a raíz de los viajes aéreos que éste le pagó al entonces secretario de Transporte, que tenía la obligación de controlarlo.
Se trata de unos 15 viajes en avión con destino a Brasil, Uruguay y Córdoba realizados entre 2006 y 2009, y en función de ello la defensa adujo en el planteo que la vigencia de la acción penal se mantuvo hasta el 22 de octubre de 2014.
Es que el 22 de octubre de 2012 el juez Ercolini hizo la citación a juicio oral de Jaime y la defensa tiene en cuenta esa fecha, de la cual pasaron dos años: el inicio del juicio se
suspendió en dos ocasiones en octubre a raíz de los planteos hechos por los abogados del exfuncionario.
En el caso de que finalmente se inicie el juicio oral, este será el tercer proceso judicial que afrontará Jaime, quien ya está siendo investigado por su responsabilidad en la tragedia de Once y sufrió una sentencia adversa en Córdoba, donde fue condenado a seis meses de prisión por el delito de ocultamiento de pruebas, debido a que escondió e intentó llevarse unas tarjetas personales mientras la policía allanaba su casa.
También afronta otra causa en su contra por supuestas dádivas, debido al presunto supuesto pago de alquileres de dos departamentos en los que vivía Jaime por parte de la compañía TEBA, concesionaria de la terminal de ómnibus de Retiro.
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