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En estos días supimos que el Diputado Nacional Julio Solanas presentó un proyecto de ley modificar la Ley 20.744 de “Régimen de Licencias Especiales”, proponiendo incorporar un inciso que habilite licencias por casos de violencia doméstica o de género.
El legislador fundamentó su presentación marcando algo tan sabido como ignorado por la legislación vigente: los casos de víctimas de violencia que pierden su trabajo por faltas que no son legalmente justificables.
Y si bien esta es sólo una arista del tratamiento que debe darse a un situación de complejidades inmensas, lo nuevo es que el autor del proyecto considera que para combatir la violencia, se necesita también del compromiso y acompañamiento de los empleadores.
Es que de poco sirve hablar de la erradicación de este tipo de conductas si cada sector no asume la cuota de responsabilidad que le cabe.
En este caso, un comportamiento solidario con la persona víctima de violencia, que al mismo tiempo irá poniendo a la intemperie actitudes deleznables que por diferentes motivos, todavía no se consideran de denuncia obligatoria, cuando lo son.
De prosperar la iniciativa, la violencia doméstica o de género perderá en el campo laboral a su cómplice, el silencio. Porque la licencia especial -se propone- deberá ser notificada por la autoridad judicial y la médica.
En síntesis, un paso a favor de quien padece violencia.
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