
Los diez ciudadanos de Gualeguaychú denunciados por el gobierno nacional en junio de 2010 deberán presentarse hoy a las 11:20 en la Sala III de los Tribunales de Comodoro Py. Se trata de Ana Costa, Osvaldo Fernández, Jorge Fritzler, Víctor Limba, Juan Ferrari, Sira Muñoz, Alejandra Crimella, Cristina Limba, Paola Robles y José Gómez.

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Se trata de simples vecinos que tuvieron el coraje de defender el medioambiente para todos, hoy son perseguidos judicialmente a raíz de una denuncia del gobierno nacional y por la sobreactuación del fiscal de Cámara de Paraná, Ricardo Álvarez.
Álvarez también es el único fiscal ambiental de Entre Ríos, pero jamás hizo algo por la lucha de Gualeguaychú, excepto acoger la teoría de criminalizar a quienes defendieron el medioambiente y su calidad de vida.
El gobierno había pedido la indagatoria de todos ellos por homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del funcionamiento de los transportes, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento. La causa no había prosperado en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay que había entendido que no se cometió delito. El gobierno apeló esa decisión y en la Cámara Federal de Paraná se le volvió a la dar razón a los asambleístas. Pero el fiscal de esa instancia –que tiene el doble rol de ser fiscal ambiental, aunque nunca se haya ocupado de la pastera- en una sobreactuación recurrió en casación a los Tribunales de Comodoro Py. En caso de que tampoco prospera, a Álvarez sólo le quedará la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los asambleístas concurrirán hoy, acompañados por una manifestación que está organizando la Asamblea Ciudadana Ambiental.
El abogado de la Asamblea Luis Leissa, explicó a EL ARGENTINO que fueron rechazados los tres pedidos de postergación que había presentado ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
En Comodoro Py, será el fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica, quien realizará la audiencia informativa. Las especulaciones judiciales no son muchas: se podrá ratificar el recurso de casación que interpuso Álvarez o lo rechazará por razones de fondo o formales.
Esto no se sabrá de manera inmediata –estimó Leissa- porque en rigor los plazos habilitan hasta veinte días para que se adopte una definición haciendo lugar al recurso (la causa continuaría su curso), o se lo rechaza (y vuelve atrás, seguramente para su archivo).
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