La Justicia ordenó suspender el cobro de un crédito a jubilada estafada

Una jubilada de San Salvador, víctima de una estafa telefónica, logró que la Justicia Federal suspendiera el cobro de un crédito tomado a su nombre sin su consentimiento. La medida fue dispuesta por la jueza Analía Ramponi, quien valoró especialmente la condición de “hipervulnerabilidad” de la mujer, de 81 años, jubilada mínima y con una patología crónica.

El fraude ocurrió en julio de 2024, cuando delincuentes la contactaron simulando una promoción de telefonía para jubilados. Con una publicación falsa en redes sociales y un llamado posterior, lograron obtener sus datos de HomeBanking y accedieron a su cuenta. No solo vaciaron sus ahorros: también tomaron dos préstamos preaprobados, por un total de un millón de pesos, que fueron transferidos a otras cuentas utilizadas por redes delictivas.

La damnificada denunció el hecho ante la Fiscalía, pero sin respuestas favorables por parte del banco. En paralelo, inició un reclamo judicial y una mediación que tampoco prosperó. A pesar de todo, la entidad continuó descontando las cuotas del crédito, que equivalen al 25% de su haber previsional, reduciendo aún más su ya escaso ingreso.

En su fallo, Ramponi subrayó que se trataba de una persona adulta mayor, con recursos limitados y sin capacidad para enfrentar ese nivel de endeudamiento. Consideró acreditada la estafa y dictó una medida cautelar que ordena la suspensión inmediata de los descuentos, al menos hasta que se resuelva la demanda por daños y perjuicios.

El abogado de la jubilada, Juan Carlos Arralde, destacó la importancia del pronunciamiento: “Este fallo marca un precedente clave. El sistema bancario ha empujado a los adultos mayores a digitalizarse sin darles las herramientas para hacerlo con seguridad. Es responsabilidad de los bancos protegerlos, no dejarlos a merced de estafadores”.

Arralde también apuntó contra el modelo de atención de las entidades financieras: “Los bancos tienen que dejar de mirar para otro lado. No pueden quedarse con la plata de un crédito que el cliente nunca pidió, sobre todo en estos casos en que la vulnerabilidad es evidente”.

El caso refleja un fenómeno creciente: las estafas digitales contra personas mayores, muchas veces con escasa familiaridad con las tecnologías que los propios bancos promueven. El fallo podría sentar jurisprudencia para otros casos similares que, hasta ahora, suelen resolverse en perjuicio de las víctimas.