Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, llega por cuarta vez a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales peruanas que tendrán lugar el domingo 7 de junio. En 2011 perdió contra Ollanta Humala y en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski.
Por Yanina Welp*
En ese período, la hija de Alberto Fujimori disputó el liderazgo del partido con su hermano Kenji, al que expulsó en 2018. En su tercer intento, en 2021, fue derrotada por Pedro Castillo. Perdió, pero sigue libre y en carrera, a diferencia de los presidentes previos. Humala, Kuczynski, Castillo y también Alejandro Toledo están en prisión. Los presidentes interinos no corrieron mejor suerte ya que están condenados (Martín Vizcarra) o siendo juzgados tras ser destituidos por corrupción (Dina Boluarte, Manuel Merino). ¿Cuánta evidencia más hace falta para entender que el problema es el sistema?
Los escenarios electorales latinoamericanos muestran tres tendencias: polarización (dos polos, como acaba de ocurrir en Colombia y antes en Chile, Brasil y Uruguay), concentración autoritaria (con un candidato que corre solo, como ocurre en Nicaragua y El Salvador) o fragmentación (lo que pasa en Ecuador y Perú). Perú representa el caso más extremo de fragmentación política de la región: presidentes débiles, partidos efímeros y un congreso mortalmente fragmentado y deslegitimado. La fragmentación afecta la competencia presidencial y dificulta la formación de mayorías legislativas estables mientras alienta alianzas oportunistas de corto plazo. Los negociados campan a sus anchas.
En la primera vuelta, el 12 de abril, 35 candidaturas compitieron por la presidencia. Desde 2001 – tras la renuncia de Alberto Fujimori vía fax desde Japón (por cierto, también fue preso)– ningún candidato ha conseguido la mayoría requerida para ganar en primera vuelta. A la polarización también la promueve el sistema con el ballotage y el voto obligatorio.
La llegada de “el chino” al gobierno
A mediados de los ochenta del siglo pasado, la deuda externa y el auge de la guerrilla Sendero Luminoso sumieron al Perú en una crisis política y económica profunda. Para 1989, la inflación superaba el 2700% y el PIB cayó cerca del 10% anual. La pobreza afectaba la mitad de la población urbana y al 73% de la población rural. La desilusión con el funcionamiento de la democracia era generalizada, en especial entre los pobres y marginados.
Pocos meses antes de las elecciones presidenciales de 1990, Mario Vargas Llosa se perfilaba como el claro favorito. Sin embargo, Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses y sin experiencia política previa, remontó y derrotó al Nobel de literatura devenido en referente de unidad de la derecha. Para lanzar su candidatura, Fujimori creó el partido Cambio 90 - Nueva Mayoría, e hizo una campaña basada en el rechazo a la clase política y a los partidos tradicionales. Cambio 90 obtuvo su apoyo de los sectores más marginados de la sociedad: indígenas, mestizos, evangelistas, trabajadores informales y personas pobres tanto urbanas como rurales. Ese gobierno que obtuvo inicialmente un fuerte apoyo internacional acabó llevando al país a la dictadura. Tras su caída en 2001 el declive de los partidos, la corrupción endémica y las crisis han sido una constante.
Sin embargo, por años Perú pareció mostrar, que la democracia podía sobrevivir sin partidos y que la estabilidad y el crecimiento económico podían sostenerse a pesar de crisis políticas recurrentes y escándalos de corrupción. El crecimiento sostenido y la estabilidad macroeconómica funcionaron como sustitutos parciales de legitimidad política. El panorama actual es otro y señala que la erosión democrática puede darse sin necesidad de un liderazgo personalista que acapare apoyos de forma masiva y que, atención a los que abrazan el cambio sin evaluar las consecuencias, todo puede empeorar.
No sólo, pero en buena medida es un legado de la década fujimorista (1989-2001). La serie de reformas políticas iniciadas en aquel período generaron una dinámica de debilitamiento institucional e incentivos perversos que enquistaron la corrupción sistémica. Fujimori construyó un orden que se había roto a fines de los ochenta, tanto en lo político (por el auge de la guerrilla) como en lo económico. Sin embargo, también produjo destrucción institucional. El antifujimorismo desde entonces no ha logrado ni reconstruir los partidos y la precaria etabilidad se basa en el toma y daca entre intereses particulares.
¿La hora de Keiko?
La crisis de las instituciones no es una abstracción. Como ha señalado la politóloga Paula Muñoz, el país atraviesa una pérdida de capacidad técnica: “se vienen destruyendo las bases de una gestión económica responsable, con altos costos para otrora instituciones muy prestigiosas y con poder para vetar iniciativas populistas de gasto público, como el Ministerio de Economía y Finanzas. Si ya en comisiones del Congreso se escuchan visiones tan equivocadas como peligrosas de lo que debería hacer un Banco Central, ¿cuánto tiempo le queda a este como ente autónomo?”
¿Qué sigue? Los últimos sondeos proyectan un ajustado liderazgo de Keiko sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Ella obtuvo 17% de los votos en primera vuelta y él, 12%. El recuento fue uno de los más largos y accidentados (tras el venezolano de 2024). La proclamación oficial tardó 35 días y la disputa por el segundo lugar se dio voto a voto, ya que otras dos candidaturas se diferenciaron por décimas.
Keiko Fujimori representa al mismo tiempo continuidad y mutación del fujimorismo. Conserva un núcleo duro de apoyo asociado al orden, la estabilidad económica y el rechazo a la izquierda, pero ya no logra construir mayorías. Su resistencia electoral refleja menos fortaleza propia que la incapacidad del sistema político peruano para producir liderazgos estables y organizaciones competitivas.
Pese al escaso apoyo total de las dos candidaturas (juntos no suman el 30% de los votos), el país llega al balotaje sumamente polarizado y dividido. Keiko concentra su mayor fuerza en Lima Metropolitana y en las regiones del norte del país. Roberto Sánchez capitaliza parte del electorado rural y antiestablishment que anteriormente acompañó a Pedro Castillo, es apoyado por el Perú rural y los sectores del centro y sur del territorio nacional.
Como han mostrado los principales índices que miden libertades democráticas a nivel internacional -Freedom House, V-DEM y The Economist Intelligence Unit (EIU)- Perú ya no es propiamente una democracia sino un régimen autoritario híbrido. La pregunta es si los resultados pueden cambiar algo en esta deriva o las cartas ya están jugadas.
Keiko Fujimori sigue siendo competitiva no sólo por el peso del apellido, sino porque el Perú que produjo el fujimorismo todavía no encontró cómo salir de él. Una alerta sobre esperar demasiado de un hombre o de una mujer.
*Politóloga y comunicadora (Geneva Graduate Institute y Red de Politólogas)