
Las carmelitas descalzas del convento de Nogoyá sufren torturas físicas y psicológicas, aunque nadie de la Iglesia lo quiere reconocer.

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La información fue corroborada tras una investigación periodística que realizó la revista Análisis y que se extendió por casi dos años y que comprendió a ex religiosas, familiares de ellas y profesionales de la salud de la mencionada localidad.
Hay castigos permanentes; es habitual el uso del látigo y el cilicio para auto flagelarse; hubo casos de desnutrición y existe una estricta prohibición “de no hablar” de lo que sucede. Varias de las ex monjas están con tratamientos psicológicos en Entre Ríos o Santa Fe, por las secuelas que tuvieron.
El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puíggari nunca hizo nada para revertir la situación, pese a que viene tomando conocimiento de los excesos que se cometen. Tampoco se ocuparon, en sus mandatos, ni Estanislao Karlic ni Mario Maulión.
Ayer, la revista Análisis publicó que las Carmelistas Descalzas “nunca pudieron abrazar a un familiar. Tampoco darle la mano. Una de ellas no pudo ver a su padre por diez años, porque se había divorciado de su madre y por ende era un pecador público”. “Nunca se pueden mirar a un espejo porque es símbolo de vanidad y si alguna de ellas intenta ver su reflejo en el vidrio de alguna ventana, habrá un inmediato castigo”.
“Hubo veces que solamente se podían bañar una vez cada siete días. Las carmelitas descalzas del convento de Nogoyá vienen sufriendo torturas psicológicas y físicas, todo a la vista de las autoridades de la Iglesia que una vez más, han decidido no intervenir”.
Allanamientos
La Justicia provincial allanó ayer el convento de carmelitas descalzas de Nogoyá. Así se decidió tras la denuncia periodística de Análisis. La investigación de oficio busca establecer la privación ilegítima de la libertad agravada contra las monjas que están en claustro, según confirmó el fiscal Federico Uriburu, quien encabeza el operativo judicial.
En el informe publicado por Análisis, se detallan condiciones de vida y castigos intramuros: desnutrición, autoflagelación, uso del látigo, cilicio y mordazas, entre otros elementos de tortura. El funcionario judicial reveló que la Madre Superiora “opuso resistencia” al procedimiento judicial, y que “hubo que utilizar la fuerza para entrar porque no se permitía el ingreso, con lo cual se rompió una puerta del convento”.
En declaraciones realizadas al programa “A Quien Corresponda” (Radio De la Plaza de Paraná), Uriburu indicó que el procedimiento judicial “se motiva en la investigación periodística donde se detallan ciertos elementos de tortura o autoflagelación y hasta el momento se encontraron cilicios y látigos por lo cual, en un principio, hablamos de un allanamiento con resultado positivo”.
Explicitó que “no hubo necesidad de revisar cada cuarto porque una vez que se venció la resistencia inicial de la medida, de parte de la Madre Superiora, al revisar algunas dependencias se aportaron en forma voluntaria una cantidad de cilicios y látigos, que son pequeñas fustas de unos 30 a 40 centímetros”. Agregó que “hasta el momento no se encontraron mordazas, aunque se revisan todavía las habitaciones de las internas”.
Respecto de dicha resistencia, explicó que “hubo que utilizar la fuerza para entrar porque no se permitía el ingreso, con lo cual se rompió una puerta del convento”.
Uriburu contó que “se está haciendo un relevamiento de las internas en lo cual está interviniendo el médico de policía en turno que las está examinando de a una”.
No obstante, destacó que “se está haciendo una revisación muy superficial porque -por una cuestión religiosa y del modo de vida- no se profundizó en un examen que involucre una invasión a la intimidad de cada una”.
Mencionó también que “se está trabajando y no se puede afirmar cuándo va finalizar el procedimiento, porque hay bastante resistencia de parte de la Madre Superiora. Y confirmó que “la investigación comenzó de oficio y en caso de acreditarse el delito es de privación ilegítima de la libertad agravada” y explicó que “por el momento no se prevé la detención de ninguna persona, ya que recién estamos en las medidas iniciales”.
La forma penal. El encuadre delictivo es la privación ilegítima de la libertad agravada. “No hay ninguna imputación. Es una investigación de oficio, según ordenó la Procuración Fiscal por la publicación” de la revista Análisis, informó el fiscal. “No puedo decir cuáles son los pasos que siguen, porque vamos a mantener la reserva que amerita la gravedad del caso”, consideró.
“No es castigo, sino disciplina”
“Nos despertamos con esta noticia poco grata. Al ver este accionar policial sobre el Monasterio, cuya regla y funcionamiento está regido por la Santa Sede. El Monasterio es de derecho pontificio, por lo tanto, si bien tiene jurisdicción en la Diócesis de Paraná, tiene dependencia directa de la Santa Sede, cuya regla y funcionamiento depende de las reglas aprobadas por la Santa Sede”. Esa fue la explicación que el vocero del Arzobispado de Paraná, el cura Ignacio Patat, dio ayer por la mañana, tras la grave denuncia periodística de la revista Análisis.
Ante la insistencia periodística para que responda sobre la autorización de torturas, Patat justificó: “Debe tener atención médica como las hermanas tenían, de manera permanente. Por ahí hablamos sin conocer o saber cómo funciona o cuál es el tratamiento del Monasterio”.
En diálogo con la periodista Claudia Martínez para LT14, el cura Ignacio Patat aclaró: “Tengamos en cuenta que los monasterios tienen diferentes reglas. Esta es la Regla de Santa Teresa, la vieja, por así decir, manera de vivir de las hermanas carmelitas”, justificó.
Ante la consulta de sobre si se trata de “castigo”, el cura respondió: “No, no. A ver, para el lenguaje social puede sonar que sí, pero en la regla interna de los monasterios carmelitas, es la manera de la vida de disciplina”.
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