Bar entregó a EL ARGENTINO más archivos microfilmados

Bar se ha destacado en su labor legislativa, siendo reconocida por propios y extraños y ha sido una pieza clave para articular una coordinación entre la provincia y el gobierno nacional a través de las gestiones del gobernador Jorge Busti y especialmente del vice, Guillermo Guastavino.

?La continuidad de las políticas de Estado está vinculada con la coherencia de las ideas?, sostendrá a manera de columna vertebral de su pensamiento y en ese sentido hará una amplia reflexión sobre la oportunidad que se presenta para los entrerrianos al reformarse la Constitución provincial. Con más de 660 proyectos presentados en estos casi cinco años de labor parlamentaria, Bar insistirá que se puede hablar de un antes y un después en la provincia con el binomio Busti-Guastavino, ?cuya gestión será difícil de igual, teniendo en cuenta desde dónde se partió?.

-¿En este proceso de reforma de la Constitución que aportes usted señalaría como imprescindibles?

-Antes que nada quiero aclarar para evitar dobles lecturas, que no tengo ?pese al honor que significaría- ser convencional constituyente. Al igual que Guastavino, sostengo que ese lugar lo deben ocupar otras inteligencias y que mi mejor aporte sigue siendo desde una senaduría.

-Está bien, pero no respondió?

-La reforma tiene una visión política clave para la época, porque implica modernizar el Estado, adecuar la provincia al mandato de la Constitución Nacional de 1994 y fundamentalmente incorporar una serie de derechos que deben tener su lugar en la Carta Magna. He estudiado todas las reformas constitucionales que se produjeron en las demás provincias y de ese análisis comparativo, creo que es indudable incorporar los llamados derechos sociales. Actualmente, en Entre Ríos se asegura el desarrollo de políticas sociales para superar las condiciones de pobreza y exclusión, destinando financiamiento y los mejores recursos humanos. El otro valor del Estado provincial es que no admite ninguna clase de discriminación y en ese sentido la filosofía de gestión es promover las acciones que permitan remover los obstáculos para garantizar la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos. En este marco, la nueva Constitución deberá reconocer explícitamente un reconocimiento a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos, garantizando no sólo su protección y su máxima satisfacción integral, sino también privilegiando su interés superior de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Otro tanto habrá que legislar sobre la juventud para promover su empleo y sistema de cobertura social; lo mismo que con los adultos mayores en materia de protección de su integración económica y socio cultural y esto implica promover la potencialidad de sus habilidades, talentos y experiencia. Una sociedad que maltrata a su infancia y a su ancianidad no tiene derecho al futuro. Y los otros dos componentes del derecho social se complementan con las personas con necesidades especiales y la llamada perspectiva de género. Y en ambos casos incorporar las mejores ingenierías normativas para su pleno desarrollo y cristalización.

-Es inevitable preguntarle por la Educación y Cultura?

-Por vocación, formación y convicción adhiero a la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades. Y esto enriquece el concepto de subsidiariedad que el Estado debe resguardar en beneficio de las iniciativas públicas de gestión privada. Para mí no hay antagonismo sino complementación. Pero es el Estado el que debe garantizar un sistema educativo inspirado en los principios de libertad, ética y solidaridad tenientes a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática. Además, debe responsabilizarse por la formación y perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y jerarquización profesional. Y el otro aspecto ?hay muchos más- es la vinculación de la educación con el sistema productivo, capacitando para la inserción laboral. En todos los casos, tender a formar personas con conciencia crítica y capacidad de respuesta ante los cambios científicos, tecnológicos y productivos. Esto no es otra cosa que impulsar el concepto de la educación permanente.

-Y con respecto a la Cultura?

-Si partimos de la base de que la cultura es el patrimonio del pueblo y constituye un elemento esencial de su identidad, concluiremos que el Estado debe reconocer la diversidad cultural y garantizar el disfrute de los bienes culturales. Investigar, desarrollar, conservar, restaurar, proteger y respetar el patrimonio cultural tangible e intangible (memoria histórica, riqueza artística, lingüística, difusión, arquitectónica, documental y paisajística, entre otros) es un rol clave del Estado. Muchas de estas cosas ya se están haciendo en la provincia de manera implícita, porque explícitamente no están contempladas en la Constitución de 1933 que se quiere reformar.

-Y con respecto al tema ambiente y recursos naturales, tan de moda últimamente?

-La moda siempre es oportunista y pasajera. En Entre Ríos como en la Nación se están articulando experiencias de Estado que serán una rica herencia para las próximas gestiones. Le doy un ejemplo: en la provincia la actual gestión elevó de Dirección a nada menos que a Secretaría de Estado el área de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que es la máxima jerarquía que puede disponer el gobernador. Y en la Nación pasó otro tanto, porque es un área que ahora depende exclusivamente de Presidencia y antes dependía del Ministerio de Salud. Los ejemplos pueden continuar en las acciones de gobierno, que han sido muchas e importantes. Entonces, concluyo que el ambiente y los recursos naturales tienen que tener su lugar privilegiado en la Constitución. Primero porque el ambiente es patrimonio común y todos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Hay que incorporar los medios legales para que el Estado preserve, regule, prevenga, controle y reglamente todo lo atinente a este tema. Además, se deberá garantizar el amparo judicial para la protección ambiental, promover la educación en esta materia en todas las modalidades y niveles y establecer la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental para todo emprendimiento público como privado, incluyendo el mecanismo de la participación ciudadana.

-Existen otros puntos que le interesarían que queden incorporados en la nueva Constitución?

-Son muchos más. Pero, me voy a referir a tres. El primero es el fortalecimiento constitucional que deben tener las organizaciones de la sociedad civil y la participación ciudadana. Estamos hablando, y Gualeguaychú lo sabe muy bien, de entidades que persiguen fines de intereses generales en beneficio de la comunidad y que constituyen instrumentos para el desarrollo y la participación democrática. El segundo tópico es el de los consumidores y usuarios, especialmente aquellos vinculados con los bienes y servicios. Se requiere que el Estado garantice la protección de su salud, seguridad e intereses económicos y para ello se requiere de una información adecuada, veraz, transparente y oportuna. Esto es lo que garantizará la libertad de elección y la condiciones de un trato equitativo y digno. Hay que fortalecer al Estado en su rol de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios que se comercializan en la provincia. Y el tercer tema está vinculado con los Veteranos de Guerra. Considero que el Estado provincial debe garantizar constitucionalmente, para no depender de una gestión, la asistencia y protección integral a sus veteranos de guerra de las Islas Malvinas.

-¿Y usted estima que es creíble que no tiene ansias de constituyente luego de esa visión?

-Así es. Tengo claro que se pueden hacer aportes desde diferentes lugares y roles. En mi caso particular, creo que mi experiencia como senadora nacional es más oportuna para ensanchar el protagonismo de la provincia en el actual proyecto nacional que encarna el kirchnerismo.

-Eso significa que se autopostula para repetir la senaduría nacional en octubre?

-Ese mandato no puede ser nunca autoreferencial, porque sería contraria a mis principios y al propio proyecto nacional y provincial. No hay personalismo ni necesidad de revalidar títulos. En todo caso es saber hasta dónde y en qué momento cada uno está preparado para colaborar mejor con los principios de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica de un país y de una provincia. Para mí, la continuidad de las políticas de Estado está vinculada con la coherencia de las ideas y no simplemente con la perpetuidad en los cargos. Por eso agradezco al gobernador y al vice como a cada uno de los intendentes, legisladores, funcionarios y vecinos sin distinción de partidos políticos que han depositado su confianza en mi labor legislativa.