Viviendas: Buscan saldar una deuda histórica con familias entrerrianas

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y el Colegio de Escribanos de Entre Ríos avanzan en un proceso clave para garantizar derechos: la regularización dominial de los complejos habitacionales construidos por el Estado provincial. A través de un nuevo convenio, ambas instituciones buscan otorgar las escrituras definitivas a miles de adjudicatarios que aún no pudieron acceder legalmente a la propiedad de sus viviendas.

El acuerdo, rubricado por el titular del IAPV, Manuel Schönhals, y la secretaria general del Colegio de Escribanos, Marta Ondarçuhu, prevé mecanismos de trabajo conjunto para saldar los trámites pendientes en distintos planes de vivienda, optimizar la gestión administrativa, brindar transparencia en la asignación de expedientes y garantizar un seguimiento más ágil del proceso.

Schönhals aseguró que este paso representa una prioridad de la actual gestión provincial, encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio. “Tenemos como objetivo convertir en propietarios a quienes habitan viviendas del Estado. Es una deuda histórica con muchas familias entrerrianas que confiaron en estos programas y aún no cuentan con su título de propiedad”, expresó.

Uno de los aspectos destacados del convenio es la incorporación del Sistema de Expedientes Notariales (SEN), desarrollado por el Área de Tecnología del IAPV, que permitirá a escribanos y personal del instituto acceder a la documentación en formato digital, acelerar los tiempos administrativos y mantener un registro actualizado de cada expediente.

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Desde el Colegio de Escribanos se comprometieron a mantener la confidencialidad de la información, publicar de manera institucional la nómina actualizada de escribanos adheridos al convenio y transparentar los criterios objetivos de asignación de trámites. “La informatización del proceso nos va a permitir trabajar con mayor claridad, control y responsabilidad institucional”, señaló Ondarçuhu.

La iniciativa no solo apunta a solucionar una problemática que arrastra años, sino también a dar previsibilidad legal a miles de familias en todo el territorio provincial. En muchos casos, los adjudicatarios no han podido heredar, vender o incluso acceder a créditos por carecer de la documentación que los acredite como propietarios.

El convenio marca un nuevo capítulo en la política habitacional entrerriana y se enmarca en una serie de medidas impulsadas por el Ejecutivo para agilizar la respuesta del Estado en temas vinculados a vivienda, tierra y acceso a derechos básicos. El objetivo, según señalaron ambas partes, es que este trabajo conjunto tenga continuidad sostenida en el tiempo y se extienda a nuevos barrios que lo requieran.

Con este avance, Entre Ríos busca revertir años de postergaciones en materia de regularización dominial y garantizar que cada hogar construido por el Estado se convierta finalmente en una propiedad segura, legal y con respaldo jurídico.