Viaje de Walser a Brasil: concejales de LLA impulsan un pedido de informes y evalúan una denuncia penal

“Son preguntas que nos hacemos todos los vecinos. Nosotros no somos jueces; nuestro rol es controlar al Ejecutivo. Esperamos respuestas concretas dentro del plazo de 90 días que establece la Ley 10.027, de lo contrario deberemos accionar judicialmente”, expresó el concejal Hermes Roy Liberman.

En el escrito, los concejales advierten que un eventual uso de bienes públicos con fines particulares podría vulnerar los principios de legalidad y transparencia, y eventualmente encuadrar en figuras previstas en el Código Penal y en la normativa de administración pública.

Entre los puntos centrales, consideran indispensable determinar si existió una autorización administrativa expresa —resolución, decreto u otro acto formal— que habilitara el viaje, el uso del vehículo oficial fuera del país y el traslado de personas ajenas a la función pública. También solicitan precisiones sobre el siniestro vial, sus posibles consecuencias patrimoniales para el municipio, el régimen de seguros vigente, las responsabilidades asumidas y los costos afrontados o a afrontar por el erario público.

Según publicó El Entre Ríos, el pedido de informes requiere conocer si hubo un acto administrativo que autorizara el viaje del intendente a Brasil, indicando fecha, número y fundamentos; si ese acto contemplaba el uso del vehículo oficial y sus características; si habilitaba el traslado de familiares; y por qué motivo estaba previsto continuar utilizando el mismo rodado durante un período destinado al descanso familiar.

En relación con el seguro, se consulta si se encontraba vigente al momento del accidente y si cubre siniestros ocurridos en el extranjero con ocupantes no vinculados a la función pública. Además, los ediles preguntan si el Departamento Ejecutivo Municipal inició algún sumario administrativo o investigación interna a raíz del uso del vehículo y del accidente.

El pedido también incluye la solicitud de copia de la invitación formal para participar del acto de asunción de autoridades del Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul, mencionado en un comunicado oficial, junto con detalles sobre la función que cumpliría el intendente y los beneficios concretos previstos para la ciudad de Colón. Asimismo, se requiere información sobre eventuales pericias policiales o administrativas realizadas en Brasil y el estado actual del vehículo oficial involucrado.

Posible denuncia penal

En paralelo, el bloque de LLA adelantó que en las próximas semanas presentará una denuncia penal, con los concejales constituyéndose como querellantes.

“Los hechos se enmarcan en posibles delitos. No son hechos controvertidos, ya que están confirmados por la otra parte”, sostuvo Liberman. Como ejemplo, mencionó la posible configuración de un peculado de uso, al señalar que aun cuando el intendente hubiera afrontado con recursos propios gastos como combustible o peajes, subsiste la cuestión del uso de un vehículo oficial para el traslado familiar.

“El comunicado de la Municipalidad confirma que había un viaje oficial. La reunión era un miércoles y luego el intendente se quedaba a descansar con su familia hasta el viernes utilizando el mismo vehículo. Eso podría encuadrar en un delito de peculado doloso o culposo”, explicó.

Finalmente, el concejal remarcó que “será la Justicia la que determine si hubo delito, pero nuestro trabajo es presentar los hechos y señalar las inconsistencias o, al menos, que los relatos no resultan coincidentes”.