Senado retoma el debate por los Consorcios Camineros

El Senado provincial reactivará este martes el análisis de los proyectos que impulsan la creación del Régimen de Consorcios Camineros, una herramienta que apunta a mejorar el mantenimiento de caminos rurales mediante entidades sin fines de lucro con participación de productores y control estatal. La reunión, prevista para las 10, reunirá a las comisiones de Legislación General y de Obras Públicas, que convocaron a referentes del sector para escuchar aportes y objeciones.

Tito Nicasio, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), y Fabio Koch, titular del Consorcio Caminero Vecinal de Crucecita Octava, fueron invitados a exponer su mirada sobre el esquema de trabajo propuesto, que busca dar mayor previsibilidad al mantenimiento de la red vial terciaria.

En el centro de la discusión estará el proyecto unificado que ya cuenta con media sanción en Diputados. La iniciativa fusiona propuestas de los ex legisladores Esteban Vitor (Juntos por Entre Ríos) y Néstor Loggio (PJ), junto a un aporte de la diputada libertaria Julia Calleros. El texto establece un régimen de 36 artículos y define a los consorcios como entidades de bien público destinadas a conservar, reparar y mejorar caminos comunales, vecinales y tramos secundarios, con acuerdo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

La DPV será, según el proyecto, la autoridad de aplicación y tendrá bajo su responsabilidad la promoción, organización y control de los consorcios. También deberá supervisar los trabajos, auditar cuentas, definir zonas de actuación y aprobar contratos para la ejecución de obras viales. El esquema contempla además la participación de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en los procesos de constitución y control institucional.

En paralelo, los senadores analizarán un segundo proyecto, presentado el año pasado por Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos). Su propuesta retoma lineamientos de la Ley Nº 2936 y crea un régimen más sintético, con 18 artículos, que también coloca a la DPV como autoridad de aplicación con facultades para el reconocimiento de los consorcios, la definición territorial y el seguimiento técnico y administrativo de todas las obras adjudicadas.

Ambas iniciativas buscan formalizar una estructura que ya funciona de manera dispar en distintas zonas rurales. Los productores reclaman hace años un mecanismo claro que permita sostener la transitabilidad de los caminos, clave para la salida de la producción y el acceso a servicios esenciales. La discusión legislativa se da, además, en un contexto de deterioro de la red vial y de crecientes tensiones entre sectores rurales y el Estado por los tiempos de intervención y el financiamiento de las obras.

Con la presencia de los referentes convocados, el Senado intentará avanzar hacia un dictamen que ordene la actividad y establezca responsabilidades precisas para productores, consorcios y organismos provinciales. El objetivo es unificar criterios antes de llevar el debate al recinto en las próximas semanas.