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La Secretaría de Ambiente implementará medidas más estrictas para garantizar la calidad del agua en playas y balnearios, con el objetivo de proteger la salud de los bañistas y la fauna local.
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Redacción EL ARGENTINO
La normativa establece que municipios, comunas y propietarios de playas privadas deben cumplir con controles periódicos y tomar medidas inmediatas en caso de detectar riesgos.
Osvaldo Fernández, director general de Legal y Gestión Ambiental del Agua, explicó que se exige la implementación de un plan de vigilancia, el cual incluye análisis regulares de la calidad del agua. “Es fundamental contar con un monitoreo constante para prevenir situaciones que puedan afectar la salud de las personas y el ecosistema”, afirmó.
Según la nueva disposición, los gobiernos locales son responsables de tomar medidas preventivas si se detectan niveles de contaminación que representen un riesgo. Entre estas acciones se contempla la inhabilitación temporal de playas hasta que las condiciones del agua sean seguras nuevamente. Además, se subraya la importancia de informar a la comunidad sobre cualquier situación de riesgo.
La supervisión del cumplimiento de estas medidas estará a cargo de la Secretaría de Ambiente, que tendrá la facultad de intervenir en caso de que las autoridades locales no actúen de manera adecuada. En este sentido, se establecerán sanciones para quienes no cumplan con los requerimientos establecidos.
Especialistas en medio ambiente destacan que los controles rigurosos son fundamentales para prevenir enfermedades de origen hídrico y preservar el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. “La contaminación del agua no solo afecta a quienes la utilizan para recreación, sino también a la flora y fauna que dependen de ella”, advirtió Fernández.
La implementación de esta normativa responde a la creciente preocupación por la calidad del agua en zonas turísticas y de recreación, donde el aumento de visitantes durante el verano puede generar un impacto significativo. En este contexto, se busca promover una mayor conciencia sobre el cuidado de los recursos hídricos y la responsabilidad compartida entre el Estado, los propietarios de balnearios y la sociedad en general.
Con estas nuevas regulaciones, las autoridades buscan garantizar que los espacios recreativos acuáticos sean seguros y sostenibles, priorizando la salud pública y la protección del medio ambiente.
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