La Mesa de Enlace de Entre Ríos se pronunció contra la ley que autoriza al Gobierno entrerriano a firmar acuerdos de financiamiento con China por más de 430 millones de dólares para construir acueductos.
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Esta organización afirmó no estar “en contra del riego ni de los acueductos”, pero remarcó que “la falta de información precisa” y “el sospechoso y grosero abultamiento de los montos aprobados”, entre otras cosas, hacen presumir que esto “más que progreso traerá endeudamiento”.
“Desde el sector no estamos en contra del riego, ni de los acueductos, ni de la tecnología y menos aún del progreso, pero la falta de información precisa, las cláusulas secretas, la aplicación de la jurisdicción y legislación Inglesas; con más el sospechoso y grosero abultamiento de los montos aprobados, en relación a lo presupuestado por el Prosap, hacen presumir que esta Ley sancionada por el oficialismo, más que progreso traerá endeudamiento para todos los entrerrianos y beneficios para unos pocos”, advierten en un comunicado de prensa.
Cuestionan además que “nadie explica en detalle las características del proyecto: por qué se aumentó el presupuesto, porque se dejó de lado el Prosap como organismo de financiamiento, cuyo presupuesto era de 92 millones de dólares, por qué no se consultó a los productores, supuestos beneficiarios de la obra”.
“Tampoco se sabe qué sectores serán declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación o a establecimiento de servidumbres de paso”, agregan.
Y denuncian que “solo queda en claro un monstruoso endeudamiento, que está garantizado por la coparticipación federal o futuros impuestos, que pagarán actuales y futuras generaciones de entrerrianos”.
“En este marco no dudamos en afirmar que esta ley no cuenta con la aprobación de los productores destinatarios, al menos hasta que se esclarezcan todas las dudas expuestas”, afirman las cuatro entidades del agro que conforman la Mesa de Enlace provincial: Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Sociedad Rural, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y Federación Agraria Argentina (FAA).
“Desde las entidades agropecuarias, de ser necesario, bregaremos para obtener la inconstitucionalidad y/o derogación de la Ley”, finaliza el documento.