La Justicia planea cobrar las costas de los juicios por jurados a los condenados

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Leonardo Portela, habló del tema en el discurso de apertura del año judicial, hace una semana. “En relación al financiamiento de los juicios por jurados, el Tribunal ideó un mecanismo de recupero de su costo que, esperamos, tenga resultados en un plazo relativamente corto. Este mecanismo es fruto del trabajo conjunto con la Fiscalía de Estado”, expresó.

Luego, brindó números: “En el ámbito de la Justicia penal se realizaron 34 juicios por jurados, una cifra significativamente superior a la proyectada originalmente en la legislatura al momento de sancionarse la ley, que era de 14 juicios anuales. Este sistema de enjuiciamiento plantea un reto financiero, dado el costo promedio, a 2024, fue de 5,8 millones de pesos por juicio. Para dar una idea de la evolución del tema, la semana pasada un juicio costó 9.4 millones de pesos. Como todos saben, en la legislatura hay pendiente de tratamiento una propuesta de reforma de la ley que realizaron este tribunal y los ministerios públicos, ya que entendemos que el sistema, tal como está planteado, es insostenible a largo plazo”.

“El desarrollo de cada Juicio por Jurados implica un gran esfuerzo administrativo por parte de este poder, y presupuestario por parte de los y las contribuyentes de nuestra provincia, ya que además de los costos tradicionales de cualquier proceso penal, a estos se suma la remuneración y viáticos de quienes integran el jurado (previstos en el artículo 46º de la Ley de Juicios por Jurados) y los demás necesarios para el correcto desarrollo del proceso bajo esta modalidad”, señala la propuesta.

Sólo en el año 2023 se realizaron 39 juicios por jurados, los cuales significaron un costo total de $25.851.459. En cambio, en 2024 se llevaron a cabo 34 juicios por jurados, los cuales tuvieron un costo total de$197.444.110.

El informe que tiene en sus manos el STJ dice que “del total de los juicios realizados desde 2019 a marzo del corriente el 54,54% de las personas juzgadas, ejerció su derecho de defensa a través de un defensor particular, y el 42,85% restante por un representante del Ministerio Público de la Defensa. De los datos y estadísticas citados, se presume que un porcentaje de las personas condenadas estaría en condiciones de afrontar el pago de las costas originadas en el desarrollo del juicio. Por ello, este proyecto tiene como objetivo facilitar el recupero de parte del dinero que se destina al servicio de justicia”. Ahora.