Entre Ríos elimina el término “gratuito” en servicios públicos y exige detallar impuestos

La Legislatura de Entre Ríos sancionó la Ley Nº 11.232, que adhiere al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor establecido a nivel nacional y fija nuevas obligaciones para comercios, prestadores de servicios y el propio Estado. La norma, ya promulgada por el gobernador Rogelio Frigerio y publicada en el Boletín Oficial, apunta a transparentar la carga impositiva que incide en los precios y a visibilizar el origen de los recursos con los que se financian las prestaciones públicas.

Uno de los ejes centrales de la ley es la obligación de informar de manera clara y diferenciada el precio final de bienes y servicios y el valor neto sin impuestos. Según establece el artículo 2°, los contribuyentes que vendan productos o presten servicios a consumidores finales deberán exhibir ambos valores, aclarando expresamente el monto sin IVA, sin impuestos nacionales indirectos y sin tributos provinciales, bajo la leyenda obligatoria “precios sin impuestos”.

El incumplimiento de estas disposiciones será considerado una infracción a los Deberes Formales previstos en el Código Fiscal provincial, lo que habilita a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a aplicar sanciones.

El otro punto que generó mayor repercusión es la eliminación del término “gratuito” en la publicidad estatal. El artículo 4° de la ley prohíbe que los servicios o prestaciones públicas de libre acceso, tanto provinciales como municipales, sean difundidos como gratuitos. En su lugar, deberá indicarse que están “solventados con los tributos de los contribuyentes”. El objetivo, según se explicó durante el debate legislativo, es reforzar la idea de que los servicios del Estado tienen un costo que se cubre de manera colectiva a través de los impuestos.

La norma también invita a los municipios a adherir al régimen y a dictar ordenanzas propias que permitan identificar la incidencia de tasas y tributos locales en los precios finales, ampliando el esquema de transparencia a nivel municipal.

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días para reglamentar la ley y definir los mecanismos concretos de implementación. La iniciativa fue aprobada el 13 de noviembre y cuenta con las firmas de legisladores de distintos bloques, lo que reflejó un amplio consenso político.