Entre Ríos activa mecanismo de consulta en la CARU por planta de hidrógeno en Paysandú

Ante esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio decidió activar el mecanismo de consulta previsto en el Estatuto del Río Uruguay a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional creado por Argentina y Uruguay en los años 70 para regular las actividades sobre el curso de agua compartido.

“He instruido a las áreas correspondientes para iniciar las gestiones necesarias a fin de activar el mecanismo de consulta previsto en el Estatuto del Río Uruguay, en el marco de la CARU”, anunció Frigerio.

El gobernador ya había manifestado semanas atrás su preocupación durante una reunión con el presidente uruguayo Yamandú Orsi, a quien le transmitió el malestar de los entrerrianos. Según el mandatario provincial, la planta podría afectar el ecosistema regional y la actividad turística, especialmente en ciudades ribereñas como Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

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El caso remite al histórico conflicto bilateral que enfrentó a Argentina y Uruguay por la instalación de la planta de celulosa de la entonces empresa finlandesa Botnia en Fray Bentos, que derivó en años de tensión diplomática, cortes de rutas y protestas en el puente internacional.

En este nuevo escenario, la representante argentina en la CARU, Ingrid Jetter, confirmó que ya se solicitó formalmente información sobre el proyecto a las autoridades uruguayas. “Vamos a seguir muy de cerca este tema trabajando mancomunadamente con Entre Ríos”, aseguró Jetter tras reunirse con Frigerio.

Desde el gobierno entrerriano insisten en la necesidad de respetar los mecanismos institucionales previstos para este tipo de emprendimientos sobre un recurso natural compartido. Además, advierten que la falta de información oficial genera incertidumbre en la población.

Mientras tanto, el tema comenzó a escalar tanto en medios argentinos como uruguayos, y ya ocupa espacio en portales nacionales como Infobae y El País de Montevideo. La CARU deberá ahora evaluar el alcance ambiental del emprendimiento y garantizar el cumplimiento del Estatuto, que establece que cualquier obra sobre el río debe ser comunicada previamente al otro país si puede causar perjuicio sensible.