Elevan a juicio a Reggiardo por desobediencia y coacciones

La Fiscalía de Gualeguay pidió la elevación a juicio de dos expedientes que tienen como imputado al abogado Carlos Guillermo Reggiardo, de 41 años, acusado de desobediencia judicial y coacciones agravadas contra una funcionaria pública. Los fiscales Mariángeles Schell y Rodrigo Molina sostuvieron que las pruebas reunidas acreditan de manera suficiente la responsabilidad del letrado en los hechos denunciados.

En la primera causa, se lo acusa de haber incumplido una orden judicial emitida por la jueza Rosa Fernández Campasso, que le exigía iniciar un curso de capacitación en violencia de género. La disposición fue dictada en octubre de 2024 y reiterada en marzo de 2025, pero según la investigación, Reggiardo nunca la cumplió pese a estar debidamente notificado. La medida estaba vinculada a un episodio ocurrido en la mesa de entradas de la Fiscalía, donde el imputado habría tenido una actitud agresiva y violenta hacia empleadas.

El segundo legajo se concentra en un episodio del 9 de mayo de 2025, durante una audiencia de remisión a juicio. Según los fiscales, Reggiardo profirió insultos y expresiones intimidatorias contra la jueza Alejandra Gómez, interrumpió el desarrollo del acto procesal y llegó a filmar a la magistrada con su teléfono celular pese a la orden de detenerse. La conducta derivó en la suspensión de la audiencia. Ese mismo día publicó un artículo en un portal local con el título “La jueza de la vergüenza”, en el que reiteró cuestionamientos y advertencias, lo que la acusación consideró como una amenaza.

La Fiscalía calificó estos hechos como coacciones agravadas contra una funcionaria pública, perturbación de audiencia y desobediencia judicial, en concurso real y en un contexto de violencia de género. Argumentaron que los registros fílmicos de la audiencia, los testimonios de la jueza y de otros funcionarios, junto con las publicaciones realizadas por el imputado, constituyen pruebas clave.

En su defensa, Reggiardo negó todos los cargos. Alegó ser víctima de una persecución política y judicial vinculada a sus enfrentamientos con dirigentes de la zona, incluida la diputada María Laura Stratta. Afirmó que no desobedeció la orden del curso, sino que la impugnó legalmente por considerarla una medida arbitraria. También aseguró que sus expresiones en la audiencia fueron alegatos defensivos y no amenazas.

Pese a estos argumentos, la acusación insistió en que las conductas desplegadas afectaron gravemente la labor judicial y respondieron a un patrón de violencia de género. Los fiscales solicitaron que se fije fecha para la audiencia de remisión a juicio, adelantando que pedirán una pena dentro del primer tercio del margen legal previsto para los delitos imputados.