El dirigente de UPCN quedó definitivamente sobreseído, aunque la querella anticipó que intentará llevar el caso a la Corte Suprema.
Redacción EL ARGENTINO
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos resolvió por mayoría declarar prescripta la acción penal en la causa por amenazas simples en contexto de violencia de género iniciada en 2018 contra el secretario general de UPCN y ex diputado provincial, José Allende. La denuncia había sido formulada por la entonces ministra de Salud, Sonia Velázquez, por un episodio ocurrido durante un acto de campaña en octubre de ese año.
El tribunal hizo lugar al recurso de impugnación extraordinaria presentado por los defensores Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi y revocó de manera íntegra la sentencia de la Cámara de Casación Penal que, en 2023, había rechazado la prescripción. De este modo, quedó firme la resolución del juez de Garantías Mauricio Mayer, dictada en junio de 2022 y confirmada luego por el vocal Alejandro Grippo, que establecía que la acción penal ya estaba extinguida.
La causa se inició tras un breve intercambio entre Allende y Velázquez en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio, donde el dirigente le dijo: “¿Cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo?”, frase a la que la funcionaria respondió: “No tengo nada que arreglar con vos, José”. La Fiscalía mantuvo desde el inicio la calificación de amenazas simples, un delito cuya prescripción se fija en dos años.
En su voto, el vocal Daniel Carubia —al que adhirió Miguel Ángel Giorgio— sostuvo que el plazo de prescripción comenzó a correr cuando Allende dejó de tener fueros legislativos, el 10 de diciembre de 2019. Rechazó además que los intentos fallidos de juicio abreviado en 2020 y 2021 interrumpieran ese plazo, por considerar que los acuerdos no ratificados deben ser tratados como inexistentes.
Carubia también cuestionó el criterio de la Cámara de Casación respecto del principio de doble conforme y descartó que existiera un contexto de violencia de género que justificara una “pretensión punitiva más severa”. Sostuvo que no había controversias sobre la calificación escogida por la Fiscalía y que esa definición debía regir todo el proceso.
La querella, que se opuso de manera sistemática al planteo de prescripción, adelantó que buscará llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, con la resolución del STJ, Allende quedó definitivamente sobreseído y la causa penal cerrada en la Justicia entrerriana.