Aprobó un pedido de informes para conocer las acciones oficiales frente a faltas graves y violaciones de derechos humanos cometidas por efectivos de la Policía y el Servicio Penitenciario.
Lunes, 5 de Mayo de 2025,
8:43
Redacción EL ARGENTINO
El Senado exige al Gobierno detalles sobre delitos cometidos por policías. El Senado de Entre Ríos sancionó el martes 29 de abril un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial, exigiendo detalles sobre las acciones emprendidas ante faltas graves o delitos cometidos por agentes de la Policía y el Servicio Penitenciario. La iniciativa, impulsada por el senador Martín Oliva y acompañada por otros siete legisladores, apunta a conocer los mecanismos internos de control, las estadísticas y las medidas disciplinarias aplicadas en esos casos.
El pedido reclama que se informe si existen documentos, informes o estadísticas sobre delitos cometidos por policías en ejercicio de sus funciones, con especial énfasis en hechos de violencia institucional o violaciones de derechos humanos. En caso de existir, se solicitó que se remita la documentación correspondiente a 2024 y al período actual.
Asimismo, el texto insta al Ejecutivo a explicar los procedimientos internos, los sumarios y las sanciones previstas para faltas graves como torturas, lesiones, extorsiones, cohecho, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, delitos sexuales, malversación de fondos, manipulación de datos de investigaciones y otras irregularidades que involucren a efectivos policiales y penitenciarios.
La resolución también abarca situaciones como la fuga de detenidos por deficiencias en los controles, la tenencia irregular de bienes registrables, servicios de vigilancia no autorizados, el uso de armas no reglamentarias y las exigencias ilegales de aportes a comerciantes, entre otros puntos. Los senadores solicitaron copia de toda la información disponible en estos temas.
Por otro lado, el Senado pidió al Ejecutivo precisiones sobre las políticas implementadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia durante 2024 y en curso, orientadas a prevenir hechos de violencia institucional y violaciones de derechos humanos. También requirió saber si se evaluó la creación de un sistema de recepción de denuncias, un registro oficial de casos de violencia institucional y la elaboración de un instructivo para informar a la ciudadanía sobre cómo actuar frente a acciones irregulares de la policía.
Finalmente, los legisladores remarcaron la falta de publicación de estadísticas oficiales en la web de Estadísticas y Censos de la provincia y reclamaron que se brinden todos los indicadores disponibles sobre delitos, accidentes de tránsito, suicidios y características de la población carcelaria, elaborados por las áreas correspondientes de la Policía y el Servicio Penitenciario.
La iniciativa refleja una preocupación creciente en la Legislatura por la necesidad de mayor transparencia y control sobre las fuerzas de seguridad provinciales, en un contexto de denuncias recurrentes por abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos.
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