
La falta de políticas integrales impide aprovechar el potencial productivo y genera pérdidas millonarias.

Redacción EL ARGENTINO
Cada campaña agrícola en Entre Ríos deja de generar alrededor de 500 millones de dólares que podrían tener un impacto significativo en la economía provincial. Esta pérdida estructural —atribuida a problemas de logística, falta de infraestructura, escasa industrialización y ausencia de incentivos a la inversión— impide que el campo despliegue todo su potencial productivo.
Según especialistas del sector, si esos recursos se canalizaran eficientemente, podrían multiplicar su efecto en el desarrollo local. Un agro más rentable permitiría incorporar tecnologías que aumenten la eficiencia y la sustentabilidad del sistema productivo, mejorar los rindes, optimizar el uso de insumos y reducir el impacto ambiental. A su vez, se fomentaría el agregado de valor dentro de la provincia, dinamizando las cadenas agroindustriales y promoviendo el desarrollo de pymes vinculadas al sector.
Esto no sólo impactaría en los índices económicos, sino también en la estructura social de la ruralidad. La generación de empleo de calidad en el campo —sumada a mejores condiciones de vida— fortalecería el arraigo de los jóvenes, reduciendo la migración forzada hacia las grandes ciudades. Esta tendencia demográfica, que se profundiza año tras año, afecta a cientos de comunidades del interior entrerriano, muchas de las cuales pierden población activa y ven comprometido su futuro.
Desde entidades rurales advierten que el rezago en infraestructura es una de las principales causas de este cuello de botella económico. La falta de caminos rurales en condiciones, en particular, genera sobrecostos en la logística y dificulta la competitividad de los productos entrerrianos en los mercados regionales e internacionales.
Un agro más dinámico también tendría efectos fiscales positivos. La mayor producción y el incremento de la actividad económica ampliarían la base de recaudación, tanto provincial como municipal. Esto permitiría una mejor planificación financiera de los gobiernos locales y habilitaría inversiones en obras estratégicas: rutas rurales, electrificación, conectividad y acceso al agua, todos factores clave para el desarrollo sostenible.
Entre Ríos tiene un enorme potencial agropecuario, pero necesita políticas activas y una articulación inteligente entre el Estado y el sector privado para evitar que se sigan perdiendo oportunidades. Los USD 500 millones que se diluyen cada año son una alerta contundente, pero también una señal clara del camino que puede emprenderse si se toman decisiones estructurales.
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